Actualizado 03/04/2007 19:37 CET

El TSJM condena al Estado a compensar a Calella (Barcelona) por el IBI que dejó de pagar Acesa

CALELLA (BARCELONA), 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha obligado al Estado a compensar con cerca de 810.000 euros al Ayuntamiento de Calella (Barcelona) por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que dejó de pagar la concesionaria de autopistas Acesa entre 1996 a 2002, según informó hoy el consistorio.

El litigio empezó en 1996 cuando el Ayuntamiento inició un contencioso contra Acesa porque ésta entendía que la bonificación del 95% del IBI que se le reconoció en la autopista C-32 entre Barcelona y Mataró era también aplicable al nuevo tramo de vía entre Mataró y Palafolls (Girona).

La demanda de Calella coincidía con la de otros municipios afectados y fue defendida por el Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria (ORGT) de la Diputación de Barcelona (ORGT), que alegó que la ampliación de la autopista del Maresme en su tramo norte no podía tener el mismo trato fiscal que el tramo sur.

Inicialmente el Tribunal Supremo (TS) dio la razón a Acesa, de forma que se le reconocía su derecho a seguir gozando de la bonificación. Ante esta coyuntura, el ORGT reclamó al Estado que compensara a Calella, cosa que denegó en 2003 el Ministerio de Economía y Hacienda.

El ORGT decidió entonces acudir al TSJM que, a finales de enero de 2007, reconoció al Ayuntamiento su derecho a ser compensado con cerca de 810.000 euros por el Estado, cifra que representa el 95% del IBI no percibido de 1996 a 2002. La sentencia puede ser recurrida ante el TS.

HACIENDA NO QUIERE ASUMIR LAS COMPENSACIONES.

Se da la circunstancia que el Ministerio de Hacienda resolvió recientemente denegar las compensaciones que el Ayuntamiento de Calella exigía para el período 2003-2006 --unos 600.000 euros--, según explicaron fuentes municipales.

El Consistorio entiende que tiene que percibir 1,4 millones de euros de los últimos diez años y reclama que se le compense con 165.000 euros anuales por no percibir el 100% del IBI de los terrenos ocupados por la autopista.