Urtasun subraya que la Fundación Franco no cumple con la ley por "humillación" a las víctimas

Dice que el Ministerio será "escrupuloso" en el cumplimiento de la ley de memoria democrática

   BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

   El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este viernes que la Fundación Nacional Francisco Franco no cumple con la ley de memoria democrática por que "no persigue el interés general, por enaltecimiento del golpe de Estado y por, particularmente, la humillación de las víctimas".

   Lo ha dicho en declaraciones en Barcelona después de que el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, haya abierto el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la Fundación Franco y le ha notificado a la entidad dicho expediente, así como la apertura del correspondiente periodo de alegaciones.

   Urtasun ha asegurado que "hay un sistemático menosprecio a las historias de las víctimas, minimiza el sufrimiento y el dolor que sufrieron y muchas veces (la fundación) reescribe la historia responsabilizando a las víctimas de los hechos que ellas denuncian".

   Ha dicho que hay un expediente jurídicamente sólido de que la fundación no respeta la ley, y ha subrayado que el Ministerio de Cultura será "estrictamente escrupuloso" en hacer cumplir a todas las fundaciones la ley de memoria democrática.

   "No puede haber fundaciones, que tienen beneficios fiscales, que estén operando contrariamente a la ley de memoria democrática", ha dicho.

   Ha agradecido el trabajo minucioso de los servicios del Ministerio, la Secretaría de Memoria Democrática y las asociaciones de víctimas, y ha dicho que se ha elaborado un dossier de más de 1.000 páginas que cree que constituyen un caso sólido de que la Fundación Franco en su actividad "contraviene" la ley.

TARDAR "LO MENOS POSIBLE"

   Urtasun ha explicado que han trasladado el acuerdo para la extinción a la Fundación Francisco Franco para que pueda hacer sus alegaciones, previo al traslado definitivo del expediente al juez.

   "Todo este proceso que falta no puede tardar más de nueve meses. Lo que intentaremos es que tarde lo menos posible. Estamos intentando acelerar todo lo que podemos para acabar con una anomalía democrática que se debería haber acabado hace 25 o 30 años", ha subrayado el ministro.