CpM pide una comisión de investigación tras confirmarse trato de favor en la primera mujer bombero en Melilla

MELILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El principal partido de la oposición en Melilla, Coalición por Melilla (CpM), ha exigido este lunes la creación inmediata de una comisión de investigación en la Asamblea, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) que confirma la anulación de la plaza de la primera mujer que logró aprobar las oposiciones al cuerpo de Bomberos en 2017, al considerar probado un supuesto "trato de favor" durante el proceso selectivo.

A través de su diputado Emilio Guerra, CpM considera que esta resolución judicial da la razón a las múltiples denuncias que desde 2018 ha venido realizando, tanto en sede parlamentaria como en comparecencias públicas, "sobre irregularidades graves y falta de transparencia en unas oposiciones ya desde su convocatoria rodeadas de controversia".

Emilio Guerra ha manifestado que "la justicia ha hablado y ha confirmado lo que llevamos años denunciando: un sistema opaco, con criterios arbitrarios, puntuaciones dudosas e informes sesgados. La Administración pública no puede convertirse en un instrumento de reparto de favores políticos".

La sentencia del TSJA ratifica el fallo anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla, que declaró nula la prueba psicotécnica (prueba C) del proceso para cubrir diez plazas de bombero-conductor, convocadas en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) el 25 de agosto de 2017.

El tribunal andaluz ha ordenado la retroacción del procedimiento para los cinco opositores demandantes y la funcionaria nombrada tras la prueba anulada, quien ahora deberá ser considerada "no apta". Además, exige que la repetición de la prueba se realice con un nuevo Tribunal de Selección, sin participación de los anteriores miembros ni de los asesores psicológicos vinculados a la entidad privada que ejecutó el examen en 2017.

También se establece la obligatoriedad de publicar previamente el perfil profesional requerido y los criterios de baremación y corrección, para garantizar la objetividad y legalidad del proceso.

El diputado de CPM ha recordado que esta es la quinta vez que solicita formalmente una comisión de investigación, lo que, a su juicio, pone en evidencia la "resistencia del Gobierno de Imbroda a rendir cuentas y garantizar la transparencia".

Emilio Guerra ha exigido que esta sentencia "no se despache como un simple trámite judicial", ya que -según denuncia- forma parte de una cadena de presuntas irregularidades en diferentes procesos selectivos de la ciudad. Por ello, ha propuesto la implantación de nuevos protocolos de control, entre ellos la presencia de observadores externos en futuras oposiciones.

"Este caso hiere la credibilidad del sistema público de acceso al empleo y la dignidad de quienes sí han accedido por méritos propios. Ahora corresponde al Gobierno local dar explicaciones públicas, asumir responsabilidades y garantizar que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse", han zanjado.

CpM ha concluido que la sentencia del TSJA confirma judicialmente que "se vulneró el principio de igualdad de trato en una convocatoria pública, lo que representa un hecho de extrema gravedad para cualquier sistema democrático y meritocrático".