CEUTA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani (PP), ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos representativos en la Administración autonómica (UGT, CCOO y CSIF) para "acabar con la temporalidad" en la Ciudad Autónoma incluyendo en la Oferta de Empleo Público de este año la consolidación de las 334 plazas que ocupa personal no fijo.
La convocatoria, que según ha explicado Chandiramani en declaraciones a los medios será "la de mayor entidad que se ha realizado hasta la fecha", incluirá todas esas plazas por turno libre. La consejera ha "agradecido" al personal de Recursos Humanos de la Ciudad y a los sindicatos el "esfuerzo" realizado para "acercar posturas hasta alcanzar este acuerdo por unanimidad".
El director general del área, Francisco Díaz, ha precisado que de acuerdo con las bases genéricas de la convocatoria todas las plazas se regirán por el procedimiento de concurso oposición. La fase de concurso puntuará hasta el 45 % de la nota total pero "será imprescindible superar el examen de la oposición, que será un ejercicio teórico-práctico".
Los puestos ofertados son de "multitud de categorías" que van "desde animadores socioculturales hasta médicos pasando por educadores, auxiliares administrativos y operarios, entre otros".
En un comunicado conjunto, las Secciones Sindicales de UGT y CCOO en la Ciudad Autónoma han considerado "un hito histórico" el acuerdo alcanzado, "que supone la mayor oferta pública que efectúa la Administración de Ceuta" con las 25 plazas de policías locales y bomberos ya convocadas.
"Se va a conseguir reducir la alta temporalidad a niveles mínimos en la Administración autonómica tras una negociación en la que todas las partes han cedido en beneficio del colectivo de trabajadores afectados gracias a la flexibilidad y a la firmeza que ha demostrado la consejera en función de lo que han precisado las circunstancias", han valorado.
El pacto se ha cerrado después de que CSIF haya aceptado desistir de los procedimientos judiciales que por lo Contencioso-Administrativo había formalizado o anunciado contra las Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2017.
