MELILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Grupo Mixto), ha solicitado este lunes al PP que actúe contra su secretario general en Melilla, Miguel Marín, después de conocerse que la Fiscalía le pide diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa. Miguel Marín ha rechazado las acusaciones, ha defendido la legalidad los contratos y ha subrayado que el caso está recurrido.
En declaraciones a los periodistas, Eduardo de Castro ha exigido a la formación que preside en la ciudad autónoma Juan José Imbroda el cese de Miguel Marín una vez que se convoque el juicio oral, en aplicación del código deontológico del PP, por un caso en el que se investiga la adjudicación de contratos menores a una empresa en su etapa como consejero de Deportes.
De Castro ha manifestado que en el momento que se fije el juicio oral por parte del juzgado, algo que prevé que pueda suceder en este mismo mes de enero, "el PP supongo que tomará cartas en el asunto" contra sus miembros citados por la Fiscalía, "es decir, según el Código Deontológico del PP, el señor Marín tiene que dejar el cargo".
Para el presidente de la Ciudad, lo ocurrido "es el producto de una serie de contrataciones menores que se hicieron de forma arbitraria y con conocimiento del propio consejero, en este caso don Miguel Marín, que tantas lecciones da de moralidad y de justicia, y de que todo los demás somos muy malos y parece ser que los malos son otros".
La autoridad melillense ha avanzado que también tomará medidas contra el director general de Instalaciones Deportivas, Alfonso Gómez, para el que pide el Ministerio Público solicita penas igualmente por el mismo asunto, dado que ocupaba este mismo puesto en los anteriores gobiernos del PP.
Eduardo de Castro ha subrayado que, si bien hay cinco personas que podrían tener responsabilidades "penales", entre ellos dos ex consejeros de Deporte populares, el director general y dos empresarios, el presidente del PP Juan José Imbroda "tiene responsabilidades políticas" porque él era presidente de la Ciudad Autónoma en esos momentos que se investigan, concretamente numerosos contratos referidos al lustro que abarca entre los años 2009 y 2014.
RESPUESTA DE MIGUEL MARÍN
El ex consejero de Deportes y actual secretario general del PP, Miguel Marín, ha respondido a las declaraciones de Eduardo de Castro negando todas las acusaciones y subrayando la legalidad de los contratos que realizó durante ese periodo que señala la Fiscalía, al tiempo que ha asegurado que ha interpuesto un recurso contra el auto del representante del Ministerio Público.
A través de un comunicado de prensa, Miguel Marín ha detallado que él ocupó el cargo de consejero de Deportes entre 2011 y 2015 y señala que "se trata de un procedimiento actualmente en fase de resolución judicial por el recurso presentado ante el mismo, por lo que entendemos que, antes de formular valoración alguna en profundidad, hay que esperar al sentido de la resolución en trámite".
El 'número dos' de los populares melillenses ha añadido que "a pesar de ello, cabe destacar que de los más de 100 expedientes analizados en el procedimiento en cuestión, solo seis de ellos conciernen a mi responsabilidad política en ese periodo, siendo el fondo de lo que se dirime una cuestión meramente administrativa". Al respecto, ha señalado que en este caso "se debate si esta serie de contratos debieran haberse ejecutado en base a un contrato menor o mayor".
En este sentido, Marín ha defendido que dichos contratos "se tramitaron correctamente como contratos menores, al tratarse de ejecuciones en fechas distintas y que afectaron a instalaciones deportivas diferentes. Por tanto --ha proseguido-- con objetos distintos y, en definitiva, ajustados plenamente a lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público". El secretario general del PP ha resaltado que "así lo avala el hecho de que ningún técnico responsable me advirtiera de lo contrario".
En base a estas consideraciones y reafirmando su confianza plena en la justicia, ha subrayado que "ya padecí años de infundadas acusaciones contra mi persona por el llamado Caso Arquitecto, cuestiones que quedaron definitivamente archivadas por la justicia y mi falta de responsabilidad en ese asunto claramente demostrada". Sobre el actual procedimiento, se ha reafirmado en que "espero igualmente que los tiempos de la justicia arrojen claridad sobre lo que se dirime judicialmente, convencido de que las gestiones administrativas en cuestión, en lo que me concierne, se efectuaron ajustadas plenamente a derecho".
