El reglamento vigente excluye a quienes no acreditan una fuente "regular" de renta y ha dejado o renunciado a un empleo
CEUTA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Ceuta ha avanzado este miércoles que instará a la Asamblea autonómica a modificar el Reglamento de Alojamiento Alternativo aprobado en 2012 a las personas en riesgo de exclusión social y pobreza severa que no pueden acreditar ningún ingreso, requisito inexcusable incluido en la normativa para acceder a este tipo de prestaciones, a las que el Gobierno que preside Juan Vivas (PP) destina cerca de dos millones de euros al año.
Según los socialistas, "el encarecimiento de las viviendas de alquiler y la dramática situación de paro, pobreza y exclusión social local han traído consigo el estancamiento y el desbordamiento de la Consejería de Asuntos Sociales, que sistemáticamente se viene negando a la implantación de un albergue para alojamientos de urgencia".
"Los ceutíes que no perciben ningún tipo de ingreso se encuentran ahora mismo con un serio problema al no estar contemplados en el reglamento y muchos casos se convierten en una pescadilla que se muerde la cola porque esas familias con cero ingresos no pueden afrontar los gastos de su vivienda ni acceder al Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS), con lo que se quedan en un 'stand by' legal", ha señalado el PSOE en una nota.
Para combatir esa situación, el primer grupo de la oposición en la Asamblea considera necesario introducir en el reglamento un artículo "que establezca la necesidad de garantizar el alojamiento alternativo en casos excepcionales en los que los usuarios de Servicios Sociales no puedan acreditar ningún tipo de ingresos", teniendo en cuenta que "uno de cada tres ceutíes se sitúa por debajo del umbral de la pobreza y dos de cada tres parados no perciben ninguna prestación".
El acceso a prestaciones de Alojamiento Alternativo está limitado a personas que lleven al menos dos años empadronadas en Ceuta de forma continuada, no sean propietarias ni titulares de derecho o disfrute sobre otra vivienda ni vehículos valorados en más de 8.000 euros y acrediten "una fuente regular de ingresos" que no les otorgue "suficiencia" económica.
La cuantía de la prestación se fija para cada caso en función del cálculo que se efectúa sobre los ingresos ponderados de la unidad familiar y puede oscilar entre un 10 y un 100 por ciento de la cuantía mensual del alquiler, hasta un máximo de 400 euros.
Entre las causas de exclusión tipificadas está haber renunciado a un puesto de trabajo "sin causa justificada" durante los seis meses anteriores a la solicitud de ayuda o haber dejado un empleo el año anterior "salvo supuestos de acoso laboral y/o sexual" denunciados y judicializados.
