Ley de IA en España 2026; qué obliga, qué prohíbe y qué deben hacer las empresas ahora

Madrid, 05 de junio 2026.- El Gobierno ha aprobado la Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que adapta el Reglamento Europeo de IA y refuerza el marco regulatorio para las empresas, según explica Álvaro Ruipérez Candón.

Las sanciones más graves podrán alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global.

Más allá de las multas, la norma obliga a las empresas a demostrar cómo utilizan la IA, con qué datos, proveedores y controles, marcando un nuevo estándar de transparencia y gobernanza digital.

Qué supone la nueva Ley de IA para las empresas en España 

La futura Ley Orgánica de inteligencia artificial desarrolla en España el Reglamento Europeo de IA, vigente desde agosto de 2024, y establece el marco de supervisión, autoridades competentes, obligaciones y régimen sancionador.

La inteligencia artificial ya está integrada en el día a día de muchas empresas, más allá del sector tecnológico, en áreas como marketing, RR. HH., atención al cliente o análisis de datos.

El principal reto es que muchas organizaciones han adoptado estas herramientas sin adaptar sus controles jurídicos, contratos y políticas internas, generando una brecha de riesgo regulatorio.

Multas de hasta 35 millones; por qué el riesgo económico no es el único problema

El régimen sancionador de la nueva normativa de IA puede alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio mundial en los casos más graves.

Sin embargo, el principal riesgo para las empresas no siempre es la sanción, sino situaciones previas como auditorías, inversiones, licitaciones o revisiones de clientes. La falta de transparencia sobre el uso de la IA puede afectar directamente a la confianza del mercado y a las relaciones comerciales, especialmente en sectores tecnológicos y digitales.

Uno de los problemas más frecuentes en la empresa actual es la adopción desordenada de herramientas de inteligencia artificial, a menudo sin un proyecto corporativo estructurado. Distintos equipos utilizan la IA de forma aislada en tareas como redacción de propuestas, análisis de reuniones, selección de candidatos o generación de contenidos, sin una visión global.

El principal riesgo aparece cuando no existe un inventario de herramientas, políticas internas, control de datos ni revisión contractual, lo que reduce la capacidad de supervisión y aumenta la exposición legal y operativa.

La inteligencia artificial requiere una gobernanza más sólida de la que muchas organizaciones tienen actualmente implementada.

RGPD, contratos tecnológicos y Reglamento de IA, una misma conversación regulatoria 

La Ley de IA en España no puede analizarse de forma aislada, ya que convivirá con otras normativas como el Reglamento General de Protección de Datos.

Las empresas deberán seguir justificando el tratamiento de datos personales, definir finalidades, controlar accesos y evaluar transferencias internacionales cuando utilicen sistemas de IA.

Además, los contratos tecnológicos deberán regular el uso de la IA, la gestión de datos, la titularidad de resultados, la responsabilidad y la supervisión de los sistemas.

En este contexto, la gobernanza de la IA afecta a toda la organización, no solo al área técnica, e implica a departamentos como legal, compliance, recursos humanos, marketing o dirección.

La IA como contingencia en due diligence, inversión y contratación con grandes clientes

Uno de los impactos más relevantes de la nueva regulación será su efecto en operaciones corporativas y relaciones comerciales complejas, como inversiones, compraventas o contratación con clientes enterprise.

En estos procesos, el uso de inteligencia artificial pasará a ser un elemento clave de revisión, incluyendo sistemas utilizados, datos tratados, contratos con proveedores y posibles decisiones automatizadas.

La falta de control o documentación puede generar riesgos legales y afectar a valoraciones, condiciones o garantías en procesos de due diligence.

Por ello, la adaptación a la normativa de IA no solo responde al cumplimiento regulatorio, sino también a la confianza y madurez empresarial.

La visión de Álvaro Ruipérez Candón y SCANDO UP Global Legal 

Álvaro Ruipérez Candón, abogado especializado en derecho digital, protección de datos, inteligencia artificial y contratación tecnológica, advierte de que muchas empresas están enfocando la regulación de IA desde una perspectiva demasiado limitada. El problema, según se explica, no está solo en conocer la norma, sino en traducirla a procesos reales, contratos concretos y controles verificables dentro de la organización.

Desde SCANDO UP Global Legal, despacho especializado en derecho digital, datos e inteligencia artificial, se defiende una idea cada vez más relevante: el cumplimiento digital no puede limitarse a documentos legales aislados, sino que debe integrarse en la arquitectura operativa de la empresa.

Para Ruipérez Candón, la cuestión no es solo si las compañías utilizan inteligencia artificial, sino si pueden demostrar que la utilizan correctamente. Esto implica conocer los sistemas desplegados, los datos tratados, los proveedores implicados y la capacidad de generar evidencias ante clientes, inversores, auditores o autoridades.

Este enfoque sitúa a SCANDO UP entre los despachos que están trabajando de forma específica en la intersección entre inteligencia artificial, protección de datos, contratos tecnológicos y gobernanza legal del negocio digital, un ámbito que gana importancia a medida que la IA se incorpora a procesos cada vez más sensibles de las empresas.

Que deberían revisar ahora las empresas que utilizan IA 

La aprobación del proyecto de Ley de IA debería servir como punto de partida para que las empresas revisen su nivel real de exposición.

No basta con identificar si se utilizan herramientas de inteligencia artificial, sino comprobar si ese uso está documentado, controlado y alineado con la normativa.

Esta revisión debería incluir el inventario de herramientas, análisis de datos, proveedores, contratos, políticas internas, límites de uso, supervisión humana y gestión de riesgos.

Especial atención requieren los usos en procesos sensibles, donde la IA impacta en personas, datos o derechos, ya que exigen un mayor nivel de control y trazabilidad.

De la política de privacidad a la arquitectura legal digital 

Durante años, muchas empresas han entendido el cumplimiento digital como una acumulación de textos legales como políticas de privacidad, cookies o contratos básicos.

Sin embargo, este enfoque resulta insuficiente en un entorno donde los datos circulan entre múltiples sistemas, proveedores y herramientas de inteligencia artificial.

La nueva regulación exige pasar de documentos estáticos a una arquitectura legal digital que conecte datos, contratos, procesos y riesgos.

En este contexto, la protección de datos, la IA, la contratación tecnológica y la ciberseguridad se integran en una única visión estratégica del negocio.

Conclusión

La Ley de IA en España supone un cambio relevante para las empresas que usan inteligencia artificial. El régimen sancionador, con multas de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio mundial, refleja la magnitud del riesgo.

El verdadero reto será demostrar cómo se usa la IA, qué datos se tratan, qué proveedores intervienen y qué controles internos existen.

La inteligencia artificial ya forma parte de la realidad empresarial; la cuestión ahora es si las compañías están preparadas para gobernarla.

En los próximos años, la diferencia entre empresas expuestas y preparadas estará en su capacidad para explicar y documentar su uso de la IA.

 
Emisor: Álvaro Ruiperez
Contacto: Álvaro Ruiperez
Número de contacto: 695632141