CÁDIZ, 25 May. (EUROPA PRESS) -
· Según el presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo, "el periodo de prueba, las condiciones laborales y los convenios colectivos pueden generar problemas de constitucionalidad"
El presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner Tamborero, afirmó que la reforma laboral "ha producido un desequilibrio en la relación entre el trabajador y el empresario", durante la conferencia inaugural de la segunda jornada de la XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de Colegios Oficiales de Graduados Sociales que se está celebrando desde ayer en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz.
Para Moliner, este desequilibrio "unido a una importante limitación de la autonomía sindical", lleva -según el magistrado- a una "devaluación de lo que para cualquier 'iuslaboralista' era la razón de ser del Derecho del Trabajo en cuanto derecho compensador de las desigualdades".
Sin embargo, Gonzalo Moliner añadió que la reforma legal introducida no puede ser descalificada sin más, ya que se produce en un momento de "crisis económica brutal", y es posible que "esta situación de tal calibre justifique una normativa de igual gravedad para contrarrestarla". Aunque el magistrado mostró su escepticismo: "Hoy por hoy no podemos saber si contribuirá de alguna manera a salir de esta crisis, por lo que es el futuro el que nos dirá hasta que punto estuvo justificada o no, si bien desde los albores de la aplicación no da pie a ningún optimismo".
Asimismo, el magistrado destacó que uno de los aspectos más importantes que ha introducido el legislador en la nueva norma es el tema de la "flexibilidad" con el objetivo de "hacer más fácil la contratación, crear más empleo y evitar que no se destruya".
Aspectos que rayan lo inconstitucional
Respecto a las modificaciones encaminadas al fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo, el presidente de lo Social del Tribunal Supremo consideró que ciertos aspectos como el problema de un periodo de prueba de un año con desistimiento libre puede "rayar la inconstitucionalidad". Según Moliner, el artículo 35 de la Constitución reconoce el derecho al Trabajo y el Tribunal Constitucional contempla también el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, "a no ser despedido sin justa causa".
En este sentido, Moliner expuso que si en vez de "contrato indefinido para emprendedores se llamara contrato de crisis por un año y se diera una vuelta en el Senado no habría problema". Asimismo, el magistrado afirmó que el periodo de prueba "tiene que ser pactado", debido a que "permitiría al empresario quedarse con un trabajador que quiera y evitar al mismo tiempo que éste tenga la espada de Damocles durante un año".
Por otro lado, Moliner opinó que las causas del despido son "suficientemente indeterminadas" como para crear "incertidumbre e inseguridad". Para el magistrado, "la diferencia entre lo que se exigía acreditar en la norma anterior y lo que ahora se exige es sustancial pues antes había que acreditar la causa y justificarla, mientras que ahora esa exigencia queda limitada a que la decisión esté relacionada con problemas genéricos de competitividad, productividad u organización con independencia de que con ello se contribuya a mejorar la situación de la empresa".
En cuanto a las condiciones de trabajo, el presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo indicó que se han introducido también importantes modificaciones a tomar unilateralmente por el empresario y sin exigencia alguna de justificación, como puede ser la distribución irregular de la jornada, cambios de horario, modificaciones en las condiciones establecidas en convenio estatutario, o una novedad que no se encontraba en ningún texto anterior y es que el empresario pueda introducir modificaciones en la cuantía salarial.
Según Gonzalo Moliner, es "importante pensar" que el nuevo texto legal permita dichas modificaciones por decisión unilateral del empleador: "Se trata de una modificación muy importante ya que supone una devaluación del efecto vinculante de la negociación colectiva y cuando la condición pudo estar fundada en una negociación colectiva sindical".
Nueva regulación del despido colectivo, objetivo y disciplinario
Durante su intervención en la Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, el magistrado abordó también el tema del despido colectivo en el nuevo texto legal. Según explicó, la reforma sigue recogiendo la exigencia de causalidad pero con una gran amplitud en la determinación de cuándo deben concurrir las mismas: "Es muy problemático aceptar que sólo porque una empresa tenga dificultades económicas esté justificado despedir a trabajadores sin acreditar que esos despidos vienen impuestos por tales dificultades o sin ninguna relación de causalidad".
Asimismo, Moliner hizo mención a la regulación del despido objetivo por faltas de asistencia: "En ocasiones puede ser considerada excesivamente dura en cuanto que, presidida por la idea de reducir el absentismo laboral por fraude, puede incurrir en el exceso de permitir el despido de trabajadores por el solo hecho de encontrarse enfermos". Aunque el magistrado añadió que gracias a la reciente enmienda del PP negociada con CiU "no computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento por cáncer o una enfermedad grave", concluyó.
Clausura con la ministra de Empleo y la alcaldesa de Cádiz
La XII Asamblea Nacional ha reunido a importantes personalidades de la judicatura, como la presidenta de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ana María Orellana; así como de la Universidad, Federico Durán, y a más de 300 Graduados Sociales, miembros de Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de toda España. Como broche de oro, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez serán las encargadas de clausurar las jornadas esta tarde.
La XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de Colegios Oficiales de Graduados Sociales -en el que SS.MM. los Reyes ostentan la Presidencia del Comité de Honor- se enmarca dentro de los actos de celebración por el Bicentenario de la proclamación de la Constitución de 1812, más conocida comúnmente como "La Pepa".
Durante estos dos días, destacadas personalidades del mundo de la política y de la judicatura se han dado cita en la ciudad andaluza para debatir importantes asuntos que afectan tanto al colectivo de los Graduados Sociales, como a la sociedad en general.
El presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Javier San Martín, explicó durante la inauguración que "la precaria situación del mercado laboral otorga más relevancia y protagonismo a la función de los Graduados Sociales". Según San Martín, su opinión respecto a la nueva reglamentación, su intervención en la aplicación de la norma y su papel asesor en la pequeña y media empresa "les convierten, ahora más que nunca, en un colectivo a tener en cuenta".
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