VALENCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El PP y el PSPV, enfrentados durante toda la legislatura por el resultado de las políticas urbanísticas llevadas a cabo en la Comunitat, coinciden en sus programas electorales en solicitar un debate social en torno al modelo de urbanismo que se debe desarrollar en el futuro, mientras que Compromís pel País Valencià defiende una moratoria urbanística que favorezca un uso "sostenible" del territorio, según los documentos programáticos consultados por Europa Press.
El programa del PP plantea "abrir un amplio debate técnico y social sobre la necesidad de secundar el actual sistema urbanístico, a la vista de los resultados de la Estrategia Territorial y la aplicación del marco legal, contrastándolo con los modelos existentes en nuestro entorno europeo".
El PSPV, que defiende desde sus propuestas programáticas la implantación de una estrategia territorial que ponga fin al "todo urbanizable" del PP, se compromete también a propiciar un "amplio acuerdo social por el territorio", después del "análisis técnico y el debate ciudadano y político correspondiente", para conseguir "una estrategia territorial concertada".
El PP incluye, entre sus propuestas en esta materia, conseguir en la próxima legislatura que el 95 por ciento del territorio de la Comunitat se encuentre ordenado de forma integral por planes generales, estabilizar el consumo de suelo urbanizado en los actuales 178 metros cuadrados por habitante, mantener la actual proporción de suelo urbanizado por cada vivienda construida para disminuirlo posteriormente en un 10 por ciento en la próxima legislatura, así como disminuir la proporción de la vivienda dispersa respecto al suelo urbano total en un 5 por ciento.
El PP se compromete a formular y aprobar el Plan de Ordenación dela Comunitat Valenciana Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), como instrumento director de las pautas de ocupación de suelo durante los próximos años que fijará los suelos que deben preservarse del proceso urbanizador, así como a elaborar el Plan de Acción Territorial del área funcional de Valencia, que integrará los planes de protección de la Huerta, el parque del Turia, y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de l'Albufera.
Los populares, que también plantean coordinar, mediante la planificación supramunicipal, el crecimiento urbanístico en las ciudades, se comprometen al desarrollo de un programa bienal de inspección urbanística, con especial incidencia en las actuaciones del suelo no urbanizable protegido, así como aprobar un conjunto de medidas para incorporarlas a la legislación del suelo para "recuperar y distribuir mejor las plusvalías que se derivan del desarrollo urbanístico".
CAMPOS DE GOLF
Otras propuestas son la puesta en marcha del Consejo Asesor de Urbanismo previsto en la ley Urbanística Valenciana y la realización de una guía de buenas prácticas para la implantación de los campos de golf "bajo los criterios de máxima aptitud y mínima vulnerabilidad"
El PSPV reclama una gestión "prudente" del territorio, lo que, para la formación, exige "moderar el consumo de suelo, favorecer crecimientos urbanos compactos y continuos, racionalizar la implantación de polígonos industriales o de servicios y regular y orientar espacialmente la segunda residencia y la vivienda turística". También se marca, entre sus prioridades, facilitar el suelo necesario para viviendas de precio asequible.
Los socialistas pretenden dotar a la Comunitat Valenciana de una estrategia territorial "ampliamente difundida y permanentemente actualizada" y se comprometen a formular los principios que rijan la política urbanístca "de forma que puedan ser compartidos por las fuerzas políticas y la inmensa mayoría de ciudadanos", con el fin de "facilitar así las bases de un gran acuerdo social por el territorio que, en última instancia, aumente el cumplimiento y la eficacia de las normas".
Para aplicar estos criterios, el PSPV manifiesta su "compromiso de ejercer plenamente la competencia autonómica en la ordenación del territorio", como forma de acabar con "el desastre a que nos ha conducido la pasividad deliberada del Gobierno del PP". Para ello, asegura que "buscará propiciar el consenso sobre un equipo de expertos del màximo prestigio profesional que realice un diagnóstico de la situación real del territorio".
El PSPV impulsará que todos los municipios dispongan de un Plan General Municipal actualizado, y no se permitirá ninguna reclasificación significativa de suelo rústico sin la revisión previa del Plan General Municipal y del planeamiento territorial. Los planes generales municipales no podrán plantear unilateralmente crecimientos que superen el 25% de incremento sobre la población existente o el 25% de incremento de suelo urbanizado sobre el ya ocupado por la edificación, en un periodo de 8 años.
CONSORCIO CONTROL LEGALIDAD
El PSPV plantea, entre sus propuestas, la creación de un Consorcio de Control de la Legalidad conformado por la Generalitat y por los ayuntamientos que así lo soliciten, para que asuma las competencias sancionadoras propias de la disciplina urbanística. Además, señala que "se derogarán las disposiciones vigentes que comportan criterios propiciadores de indultos".
Asimismo, garantiza que "se realizarán las modificaciones necesarias en el articulado de las leyes vigentes para reconducirlas a los objetivos y criterios de esta alternativa y para concertarlas con las directivas europeas".
Además, se preservarán de la urbanización los suelos no urbanizables o urbanizables todavía no programados en la franja de al menos 500 metros contados desde la ribera del mar. El programa también establece que "sólo se podrán llevar a cabo en suelo no urbanizable actuaciones que no tengan respuesta adecuada en el suelo urbano o urbanizable y que se integren coherentemente en el planeamiento municipal y territorial".
Por su parte, Compromís pel País Valencià incluye en su programa una "moratoria urbanística inmediata" que "permita una ordenación territorial sostenible y respetuosa del medio ambiente", con la "paralización de los proyectos que no acrediten la suficiente transparencia informativa y el acuerdo previo de la ciudadanía afectada", y también se compromete a que "se reviertan las reclasificaciones ajenas a una ordenación sostenible del territorio".
