Andrés Morey, fundado de la Asociación de Juristas contra el Ruido. - ANDRÉS MOREY
VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
Andrés Morey, abogado de los vecinos de los edificios de la calle Profesor López Piñero de València, que han ganado una sentencia contra los ruidos procedentes de la discoteca y los conciertos que se celebran en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, espera que el Ayuntamiento contacte con ellos y no solo con la Generalitat para mantener un diálogo con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes y pide que se busquen alternativas para este tipo de actuaciones alejadas de las zonas residenciales.
"Con un ruido de 80 decibelios en una vivienda, no puedes dormir, es como si tuvieras un bar en el dormitorio", asegura en declaraciones a Europa Press.
El juez de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València plaza número 8 de València estimó esta semana la demanda de los vecinos de dos edificios y ordenó al Ayuntamiento de la capital que adopte las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en CACSA vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, medidas que incluyen la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades. La sentencia reconoce a los demandantes a ser indemnizados con 3.000 euros cada uno por daños morales.
Morey, que es también fundador de la asociación Juristas Contra el Ruido, ha tenido éxito en otros casos similares como en el Arenal Sound en Burriana (Castellón) o el Iboga Summer Festival, en Tavernes de la Valldigna. En el caso de los conciertos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, asegura, sobre las declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, de que velará por el derecho al descanso de los vecinos, que eso "también lo dijo el anterior alcalde, Joan Ribó, y luego recurrían. Ojalá intenten contactar con nosotros y tener diálogo y conversación para un acuerdo satisfactorio para las partes".
De hecho, apunta que este caso arranca con una reclamación previa a finales de 2022 en la que ya se aportaron mediciones acústicas "dado que el Ayuntamiento no hacía más y la respuesta fue el silencio. Desde entonces, en ningún momento se han puesto en contacto con nosotros", ha dicho, y ahora cree que "lo único que hablan es de reunirse entre ellos, entre la empresa pública de la Generalitat Valenciana, la Generalitat Valenciana y los promotores de los conciertos".
"Esas actuaciones en directo, con altavoces gigantescos, superan los cien decibelios sobradamente; si además están a pocos metros de tu vivienda y el concierto dura toda la noche hasta la madrugada, pues evidentemente tiene una repercusión muy directa y muy cercana en tu propiedad privada", ha sostenido en relación con las mediciones aportadas a la causa.
Según Morey, "con esos resultados evidentemente en un domicilio tú no puedes dormir; 80 decibelios es como si tuvieras un bar con un montón de gente dentro de casa gritando, hablando y comiendo; imagínenlo en un dormitorio... es una cosa insoportable".
En relación con un posible recurso por parte del consistorio, el letrado ha recalcado que la sentencia es apelable pero ese recurso, por ser materia de derechos fundamentales, es distinto a cualquier otra materia ordinaria.
"Cuando se apela un asunto ordinario se dice que se apelan dos efectos y uno es el suspensivo. En este caso, el efecto suspensivo no existe. Por lo tanto, se puede y se debe ejecutar la sentencia y nosotros pediríamos la ejecución en la obligación de hacer, que es hacer cesar los ruidos. Si se aceptara y se resolviera ese cese de la actividad ruidosa, implicaría que los conciertos de junio no se realizaran", ha expuesto.
No obstante, ha añadido que esto se verá en el momento en el que se recurra o no. "Que se apela, se pedirá la ejecución provisional; que no se apela, se pedirá la ejecución definitiva", ha avanzado. Incluso cabe la posibilidad, en el caso de que no hubiera acuerdo y los conciertos se fueran a celebrar, reclamar una medida cautelarísima de suspensión "porque estaríamos ante una evidente repetición de la vulneración de derechos fundamentales".
De hecho, ha avanzado que los vecinos se plantean hacer otra medición si se celebran esos conciertos e iniciar "todas las acciones que sean viables".
El abogado ha indicado que están pendientes de reuniones "para discutir todas las opciones y, por supuesto, estamos abiertos a un diálogo con el Ayuntamiento y poder llegar a un acuerdo", aunque con las "líneas rojas" que sus clientes no quieren que se sobrepasen.
EFECTOS DE LA PANDEMIA
Desde el despacho de Morey y de la asociación Juristas Contra el Ruido han comprobado que, tras la pandemia del covid, "ha habido un abuso en actividades de tipo recreativo y ocio nocturno como consecuencia de los cierres" del sector acordados en su día. Según Morey, posteriormente se permitió terrazas más amplias en el exterior y "cuando terminó todo esto, no solo no se volvió a la normalidad, si no que se mantuvieron las ampliadas y una permisibilidad mayor para recuperar las pérdidas que supuso el cierre".
A partir de ahí, se ha registrado un incremento de reclamaciones de personas que han constatado "mayor conflictividad y ruidos". Lo mismo sucedió en el caso de CACSA, aunque con anterioridad a la pandemia ya se habían puesto reclamaciones "infructuosamente". A partir de ahí, empezó a incrementarse el número pero también a organizarse los afectados.
Sobre posibles soluciones o espacios alternativos, el abogado señala que se busquen "que para eso tienen ordenación urbana y pueden decir vamos a aprovechar determinado espacio más alejado de zonas residenciales". A su juicio, deben "plantearse alternativas si entienden que es bueno para el turismo o para València, que aprovechen otros lugares más idóneos para instalarlo, alejado de las viviendas". En el caso de la pericial practicada las viviendas frente a CACSA, "se decía que debía que alejarse siete kilómetros para no superar los niveles acústicos en las casas; en el Arenal Sound, cinco".