VALENCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consell aprobó hoy el anteproyecto de modificación de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (LREM), que afecta a once artículos --cuestionados por el Ministerio de Justicia por considerar que contravenían la Constitución--, y que fue acordada con el Ejecutivo estatal para lograr la retirada del recurso de inconstitucionalidad que éste mantenía contra la totalidad de la norma.
El portavoz del Consell, Vicente Rambla, señaló, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Gobierno valenciano, que con esta modificación, que afecta a la redacción de siete de artículos y supone la supresión de otros cuatro, "se desbloquea un aspecto formal que estaba lastrando el desarrollo del derecho foral valenciano".
Subrayó que los cambios efectuados, que son fruto del acuerdo alcanzado recientemente entre la Generalitat y el Gobierno central a través del presidente Francisco Camps y el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, "no afecta a ninguna cuestión esencial" de la ley, como es la separación de bienes, la Germania, o la violencia de género, sino que se trata sólamente de "cambios técnicos".
La LREM supone no sólo que los matrimonios se acogen al régimen de separación de bienes, sino que también implica más beneficios y rompe muchas barreras a favor de la protección de la familia, la mujer y los que sufren cualquier tipo de violencia domestica, según informaron fuentes del Consell.
En concreto, esta ley se basa en tres pilares fundamentales, en primer lugar, introduce la libertad de pactos entre los cónyuges, para que adapten el régimen económico matrimonial a sus necesidades e intereses, garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer en la toma de decisiones y, en tercer lugar, protege los más desfavorecidos, hijos menores, discapacitados, mayores en situación de dependencia o victimas de violencia de género.
La LREM también castiga la violencia de género, ya que cuando exista sentencia firme por violencia de género, existen sanciones patrimoniales para quien resulte condenado. De este modo, en el caso de muerte de la pareja, el causante de la misma perdería el derecho al ajuar domestico o la adjudicación preferente del uso de la vivienda familiar que le correspondería por derecho en la herencia.
Esta ley reconoce el trabajo doméstico y establece una compensación económica en el caso de disolución del matrimonio. Asimismo amplía el concepto de las cargas familiares, puesto que se incluye la atención a mayores en situación de dependencia, o la atención de los hijos menores o discapacitados.
Desde que entró en vigor la ley sólo el 2,9 por ciento de los matrimonios que se celebran en la Comunitat acude al notario para establecer capitulaciones, mientras que el 97 por ciento no lo hace porque están conforme con el régimen de separación de bienes, unos datos que confirman que esta ley "se adapta y recoge las necesidades y demandas de la sociedad actual", según los responsables del Consell.