Fachada del Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha manifestado este jueves que el consistorio "no va a acoger a los menores inmigrantes no acompañados que desde el Gobierno central tratan de imponer a las autonomías, incluida la Comunitat Valenciana". "No disponemos de recursos residenciales propios", ha detallado.
Así lo ha anunciado el ejecutivo local de Luis Barcala este viernes en un comunicado, horas después de que Vox, grupo de la oposición liderado por Carmen Robledillo, haya amenazado al primer edil 'popular' con "romper" pactos y "cualquier negociación posible", incluida la de los presupuestos municipales de 2026, si la capital alicantina acoge a estas personas.
Cutanda ha explicado que el Ayuntamiento de Alicante "ha tenido conocimiento" este jueves de la carta remitida por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, en la que, tras exponer la situación actual de "sobreocupación" del sistema de protección de menores autonómico, solicita "conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en el municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados" que, según el consistorio, "impone el reparto autonómico establecido por el Gobierno central".
"El Ayuntamiento de Alicante y los alicantinos son solidarios con los que más lo necesitan, como hemos demostrado en multitud de ocasiones, pero, en este caso, no vamos a atender a la solicitud trasladada desde el Gobierno central a la Generalitat para que Alicante acoja menores inmigrantes no acompañados, ya que no disponemos de recursos residenciales propios para la acogida de menores, incluidos los menores inmigrantes no acompañados, al no ser competencia municipal", expone la portavoz.
En este sentido, Cutanda ha indicado que el gobierno local del PP en el consistorio respalda "plenamente" la "postura de rechazo del Consell respecto a las imposiciones del Gobierno central para el reparto de menores no acompañados, una decisión unilateral que no ha ido acompañada de planificación ni de la más mínima intención de diálogo y entendimiento con las administraciones" a las que "se exige que se hagan cargo de estos menores".