València pide informe para dictaminar si las obras de unos apartamentos en Benicalap se ajustan a licencia

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha firmado una moción para solicitar a la Asesoría Jurídica municipal un informe facultativo que determine el alcance de la actuación que corresponde al Ayuntamiento en relación con las obras de unos apartamentos turísticos que se ejecutan en la calle Encarna Albarracín nº6, en Benicalap, y si estas se ajustan a la licencia.

La petición se produce a partir de las diferentes instancias de denuncia en relación a estos trabajos que solicitan al Ayuntamiento la paralización de los mismos, según ha informado este jueves el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento explica que el Servicio de Inspección Municipal, a raíz de las denuncias vecinales presentadas, realizó una visita al inmueble el pasado 14 de agosto y el 17 de agosto emitió informe sobre estas obras, que disponen de título habilitante con cambio de uso a terciario hotelero.

En ese informe, recoge el consistorio, "se hace constar que las obras están en ejecución y que, en lo observable, se ajustan básicamente a la documentación gráfica incorporada al expediente". En este sentido, aclara que la denuncia vecinal se refiere a la apertura de huecos para ventanas recayentes a una zona común del residencial.

La inspección recoge, asimismo, que la ventana denunciada figura en el proyecto modificativo y que, durante la visita, se comprobó que la constructora, de acuerdo con la propiedad y la Dirección Facultativa, ha adoptado una solución con vinilo traslúcido y apertura mínima "para compatibilizar iluminación, ventilación y privacidad".

QUIERE SABER SI PUEDE PARALIZAR O NO LAS OBRAS

Al mismo tiempo, la comunidad de propietarios sostiene que los estatutos comunitarios prohíben ese tipo de aperturas sobre elementos comunes. Por ello, el consistorio ha decidido recabar criterio jurídico para determinar si un eventual incumplimiento de esos estatutos "faculta o no al Ayuntamiento para paralizar unas obras que cuentan con título administrativo y están en ejecución".

De este modo, el consistorio defiende que está "siguiendo todo el recorrido administrativo, atendiendo las denuncias presentadas, recabando los informes técnicos y jurídicos oportunos y actuando con diligencia para dar una respuesta con todas las garantías, sin desatender la inquietud trasladada por los vecinos".

OFICINA CONTRA LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA Y TURÍSTICA

Sin embargo, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha reclamado al equipo de gobierno que ponga en marcha una oficina contra la especulación inmobiliaria y turística para proteger a las comunidades de vecinos ante la proliferación de apartamentos turísticos en edificios residenciales, como es el caso de Benicalap, ha afirmado.

"Es vergonzoso que el Ayuntamiento abandone a las comunidades de vecinos a su suerte mientras hacen obras ilegales en zonas comunes y abren apartamentos turísticos que sabían que estaban prohibidos por los propios estatutos de la comunidad", ha denunciado en un comunicado, al tiempo que ha criticado que sean los propios vecinos "quienes tengan que afrontar los costes y recurrir a abogados o tribunales para defender sus derechos mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado".

"Los vecinos no pueden tener que costearse de su propio dinero abogados e ir a los tribunales para reivindicar unos derechos que las administraciones públicas tendrían que proteger", ha señalado. En este sentido, ha anunciado que el PSPV presentará una moción en septiembre para que el Ayuntamiento destine los recursos que actualmente dedica a la oficina antiocupación a crear un servicio municipal específico contra la especulación inmobiliaria y turística.

"María José Catalá se está gastando mucho dinero público en una oficina antiocupación que está recibiendo de media dos llamadas al mes, lo que demuestra que es un problema que ni siquiera existe de una manera real en la ciudad de València", ha afirmado.

El PSPV-PSOE ha incidido en que lleva reclamando al gobierno municipal que restrinja la proliferación de apartamentos turísticos y prohíba su implantación en edificios de uso residencial, con el objetivo de preservar la convivencia y evitar que la turistificación termine expulsando a los vecinos de sus barrios.

Finalmente, Sanjuan ha exigido al gobierno de Catalá que deje de actuar "a golpe de conflicto" y adopte una estrategia municipal para "proteger el parque residencial y garantizar que las comunidades de propietarios no tengan que enfrentarse solas a proyectos que afectan a la convivencia".

"Catalá tiene que decidir de una vez de qué lado está: si del lado de los vecinos que reclaman que se respeten sus derechos o del lado de quienes hacen negocio con la vivienda y convierten nuestros barrios en colmenas turísticas", ha concluido.

PARALIZACIÓN CAUTELAR

Y desde Compromís, los concejales Ferran Puchades y Pere Fuset han reclamado esta semana la paralización cautelar de las obras y han exigido al Ayuntamiento que ordene la detención de los trabajos "hasta haber revisado que todo está en regla".

La coalición recoge que los vecinos del número 6 de la calle Encarna Albarracín denunciaron hace unos días que un grupo de personas "habían saltado la valla de su comunidad para acceder a las zonas comunes para destruir unos muros y facilitar la construcción de alojamientos turísticos".

Dicho esto, ha denunciado que el Ayuntamiento "aún no ha hecho públicas las detenciones, sanciones y resto de acciones realizadas por el consistorio para frenar a los responsables" y ha criticado la "pasividad" del gobierno municipal.

"Los vecinos están indignados y estupefactos, no solo porque sintieron que la Policía no hizo nada cuando denunciaron que esta gente accedió al inmueble saltándose la valla del recinto para después empezar a destruirlo, sino que transcurrida una semana larga desde entonces no han recibido ninguna notificación de las acciones realizadas por el gobierno de PP y Vox, mientras las obras siguen adelante", ha expresado Puchades.

"Catalá presume de haber creado un arquitectura legal para impedir la proliferación de alojamientos turísticos, pero todo apunta a que en realidad no toma medida alguna contra la especulación, ni siquiera cuando se inician al asalto", ha agregado.