Benidorm baraja recurrir al TC la sentencia de Serra Gelada para "seguir defendiendo el interés general"

   ALICANTE, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez, ha anunciado este miércoles que el consistorio baraja rceurrir al Tribunal Constitucional (TC) la sentencia de Serra Gelada tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que rechaza el incidente de nulidad formulado por el Ayuntamiento contra la sentencia del alto tribunal valenciano sobre los terrenos de dos mercantiles en la zona.

   Concretamente, el fallo dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV de mayo de 2024 establecía que el Ayuntamiento debía pagar 283 millones de euros, más los correspondientes intereses legales, a las mercantiles Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7.

   Pérez ha lanzado un nuevo mensaje de "tranquilidad y prudencia" tras conocerse el auto del TSJCV que les notificaron el martes y del que hoy también han sido informados todos los grupos municipales en Junta de Portavoces "desde la máxima transparencia, tal y como nos comprometimos y como se ha venido haciendo hasta ahora".

   El primer edil ha vuelto a trasladar que los técnicos municipales del área jurídica están "explorando todas las vías que estén a nuestra mano para seguir defendiendo el interés general de todos los vecinos y vecinas de Benidorm, como hemos perseguido siempre en este asunto".

   "Vamos a seguir en la misma línea que hemos seguido desde que en el año 2015 tomamos posesión del gobierno, que no es otra que la defensa del interés de todos los benidormenses", ha asegurado el alcalde, tras lo cual ha indicado que la hoja de ruta del consistorio, que es "la que han marcado los técnicos en relación a los convenios, no ha variado ni un ápice".

   Según ha sostenido, "el Ayuntamiento de Benidorm no tenía otro camino para la defensa del interés general que el camino que emprendió, siempre bajo el criterio técnico, y eso está manifestado en sentencias judiciales reiteradamente", ha insistido Toni Pérez, para quien ""es la justicia la que, en su sala del TSJ, ha orientado sus decisiones en un sentido distinto al que venían hasta ahora marcando los juzgados de lo contencioso".

   A su juicio, "todavía es muy pronto para avanzar cuál es la hoja de ruta que van a marcar los servicios jurídicos" a partir de ahora, por lo que ha pedido "tranquilidad y prudencia". No obstante ha apuntado que una de las posibles opciones sería acudir al Tribunal Constitucional, "si así lo aconsejan los informes técnicos" porque "eso no lo puede decidir un alcalde ni ninguno de los concejales".

CRITERIO TÉCNICO

   En este sentido, Pérez ha defendido que un político "no puede tomar una decisión contraria al criterio técnico porque eso está tipificado por ley y tiene un nombre" y ha recalcado "esa es la responsabilidad de gobernar. Puede haber decisiones incómodas o que no te gusten, pero son las que te dicen los técnicos que debes tomar".

   Asimismo, ha añadido que este asunto continúa entrañando "cierta complejidad judicial" debido a que todavía hay distintas causas abiertas. De un lado, está la causa sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento con relación a dichos terrenos en base a los convenios firmados en 2003 y 2004 y renovados en 2010 y 2013, que es a la que se refiere el último auto del TSJCV.

   De otro, está la relacionada con la revisión de oficio y declaración de nulidad de esos mismos convenios por parte del consistorio, una línea que todavía "sigue viva" y con cinco causas abiertas en los juzgados: dos ya resueltas en Primera Instancia que han dado la razón al Ayuntamiento y han ratificado que los convenios serían nulos de pleno derecho, que se encuentran recurridas y otras tres que aún no tienen sentencia.

    Pérez ha insistido en que "todas las decisiones adoptadas sobre dichos convenios están respaldadas por los técnicos y por el propio Consell Jurídic Consultiu, así como por las sentencias en los juzgados de Primera Instancia" que hasta ahora "se han pronunciado a favor del consistorio en su defensa del interés general".