Bravo, partidaria de un acuerdo "razonable" con Compromís sobre el requisito lingüístico pero "sin exigir un plus"

VALNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública pondrá en marcha "ya" el decreto para regular la capacitación lingüística con el objetivo de acceder a la función pública valenciana y buscará acuerdos con Compromís para que sea aprobado. No obstante, la titular de este departamento, Gabriela Bravo, ha advertido de que es partidaria de un acuerdo "razonable" en el que no se exija "un plus" mas allá del nivel de capacitación del valenciano que dé el sistema educativo, del que ha subrayado que debe poner en marcha ahora el decreto de homologación de niveles.

Así lo ha avanzado este martes Gabriela Bravo, en un desayuno con medios de comunicación, en relación con el informe elaborado y consensuado por la Comisión de Competencia Lingüística que servirá de base para regular la capacitación y que establece el certificado de valenciano necesario para los distintos grupos del personal de la Administración Pública.

En concreto, el documento fija la exigencia del certificado A2 para la agrupación profesional funcionarial, del B1 para el subgrupo C2 y del B2 para el grupo B y el subgrupo C1. Respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, la Comisión traslada dos alternativas que la Conselleria de Justicia "estudiará" para elaborar el decreto: exigir B2 o el C1.

Bravo ha explicado que la posición mayoritaria de la Comisión, al igual que la suya, es que para acceder a la función pública se tiene que exigir el nivel de capacitación que ofrece el sistema educativo. "Si la finalidad de nuestro sistema educativo es garantizar el pleno conocimiento del castellano y el valenciano, no hay razón alguna para que, al acceder a la función pública, tengamos que exigir un nuevo examen para seguir valorando si los conocimientos adquiridos en la etapa educativa son los adecuados", ha dicho.

En esta línea, la consellera ha defendido que no es "un criterio estrambótico" que se le haya ocurrido ya que, lo primero que hicieron, fue estudiar los sistemas de acceso de otras CCAA como Galicia, en alusión a la autonomía puesta como ejemplo por Compromís, que ha reprochado al PSPV, su socio de gobierno en la Generalitat, su propuesta de requisito.

"Lo que no dicen es que en el sistema educativo de Galicia, cuando los alumnos acaban la etapa educativa de Bachiller, adquieren dirctamente el C1. Lo mismo pasa en Catalunya", ha apuntado, para recalcar que es "más fácil y lógico sentar bien los criterios y poner en marcha instrumentos para que el sistema educativo para jóvenes garantice perfectamente una comprensión y manejo del idioma de forma indiferente de uno y otro". "Si no cuestionamos uno, tampoco deberíamos cuestionar lo otro", ha subrayado.

Por tanto, a su juicio, "exigir un plus significa no confiar en que el sistema educativo que está enseñando debidamente nuestro idioma. Y esa es la responsabilidad de nuestro sistema educativo: garntizar que una vez concluido el Bachiller, tengan pleno conocimiento de los dos idiomas".

Bravo ha indicado que la finalidad de todo esto es normalizar la exigencia de la capacitación lingüística en una comunidad bilingüe: "No entiendo por qué hasta este momento hemos tratado el valenciano como una lengua menor y se ha convertido hasta ahora en un mérito. No tiene ningún sentido y eso sí que va en contra del Estatut d'Autonomía y de la Llei d'Ús i Ensenyament del valenci", ha apostillado.

Así, la consellera ha avanzado que desde su departamento van a poner en marcha "ya" el decreto/reglamento que regulará la implementación de los distintos niveles y exigencia de capacitación.

LLEVARLO AL CONSELL "LO ANTES POSIBLE"

Preguntada si es posible su tramitación con la oposición de Compromís, la consellera ha manifestado que su "responsabilidad" es activar la elaboración del reglamento "y estar en condiciones de llevarlo al Consell lo antes posible". "Es mi responsabilidad porque la ley establecía el plazo de un año para la aprobación", ha resaltado.

Y ha añadido: "Si hay discrepancias, se intentarán solucionar como hemos hecho siempre. Somos un gobierno de coalición que, en ocasiones, hemos tenido puntos de vista diferentes. Algunas veces se ha llegado a acuerdos y otras no", ha señalado.

"Yo soy partidaria --ha insistido-- de dialogar todo lo necesario para llegar a un acuerdo razonable, pero un acuerdo que no puede pasar por exigir un plus, niveles superiores de lo que el sistema educativo tiene que garantizar a toda la ciudadanía", ha insistido.

DECRETO DE HOMOLOGACIÓN

Bravo ha recordado que uno de los aspectos importantes que se plasman en el informe de la Comisión es que la tramitación del decreto tiene que ir acompañada del decreto de homologación de niveles que tiene que poner en marcha Educación.

"Ahora mismo no están garantizando el B2. Tienen que poner en marcha la homologación de niveles y es ahí donde hemos tenido posiciones diferentes porque en la Comisión un sector era partidario de que el decreto de homologación estableciera que, superado el Bachiller, a las personas se les reconociera el C1", ha apostillado.

Interpelada entonces por si el decreto contaría con la exigencia del B2, Bravo ha dicho que lo que plantea el decreto de implementación es exigir lo que da el sistema educativo: "Si el decreto de homologación da el B2, eso", ha repetido.

Por otro lado, Bravo ha explicado que la incorporación del requisito lingüístico tendría un periodo transitorio de implantación porque no afectaría a todas las personas que está en fase de exámenes o en fase próxima a poderse presentar a la oposición. "Establecemos un periodo mínimo de transición de entre uno y dos años, en función de la situación. Es una cuestión que estamos valorando", ha afirmado.