VALENCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Política Social de CCOO-PV, Eva Hernández, aseguró hoy que existe un "retraso evidente" en la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana. En este sentido, precisó que el 50 por ciento de las personas de esta autonomía que ya tienen el derecho reconocido están en "lista de espera", es decir, no lo pueden ejercer, un porcentaje que es del 38 por ciento en el ámbito estatal.
Hernández explicó que los "retrasos" en la concesión de la prestación en la Comunitat se deben a que la Generalitat "ha externalizado la valoración de las personas solicitantes a través de una empresa pública sujeta a derecho privado (Avapsa)", por lo que, según dijo, "incurre en un incumplimiento de la ley", según informó el sindicato en un comunicado..
Otros de los aspectos que generan retraso, según la secretaria de Política Social, es "el silencio administrativo negativo, que se está utilizando para ocultar la falta de agilidad de la administración, y los procedimientos administrativos a seguir desde la solicitud hasta la provisión del servicio, que en el País Valenciano son dos mientras que en otras autonomías se simplifican en uno solo".
De las 47.121 solicitudes, 21.747 ya tienen reconocida su prestación y de ellas 11.381 han recibido prestaciones económicas, puntualizó Hernández, quien incidió en que "es necesario priorizar la prestación de servicios sobre la prestación económica del cuidador familiar".
A su juicio, "la crisis económica o arraigados factores culturales pueden pesar a la hora de optar por esta prestación, pero sobre todo se fomentan porque es más barato para la administración". Asimismo, indicó que, del total de las prestaciones que se conceden en la Comunitat Valenciana, el 55 por ciento son prestaciones económicas, frente al 45 por ciento de las prestaciones de servicios.
Del mismo modo, subrayó que "es imprescindible que esta situación se reconduzca a favor de la prestación de servicios, y propone que se conforme una red pública". Por tanto, "es necesario avanzar en la calidad de los servicios, en hacer un esfuerzo en infraestructuras y en la calidad del empleo", manifestó Eva Hernández, quien apuntó que el empleo de la atención a la dependencia tiene una tasa de temporalidad del 33 por ciento.
FALTA DE EMPLEADOS PÚBLICOS
Por su parte, la secretaria de Política Social de CCOO estatal, Rosana Costa, explicó que los retrasos en la implantación ocurren por diferentes causas, entre ellas "las resistencias de determinadas comunidades autónomas a la implantación de la ley, la falta de previsión a la hora de planificar inversiones y servicios y un claro déficit en empleados públicos".
En este sentido, Rosana Costa señaló que existen autonomías cuyo grado de implantación está por debajo de la media estatal --el 1,93 por ciento del total de población tiene el derecho a la atención a la dependencia reconocido--. Entre ellas, citó la Comunitat Valenciana, con un grado de implantación del 0,60 por ciento; Madrid, con un 0,69 por ciento; y Canarias, con el 0,50 por ciento. Ante estas desigualdades, CCOO insta al Gobierno central a "ejercer la función de tutela y a que garantice la igualdad en el ejercicio del derecho".
El próximo 1 de enero de 2010, cuando se cumplen tres años desde la implantación de la ley, el Ejecutivo tiene previsto realizar una evaluación. Por tanto, CCOO cree necesario que se haga un seguimiento de toda la normativa autonómica para "detectar distorsiones y se tomen medidas al respecto".