La CEV acuerda pedir al Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto del Patrimonio

VALNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la CEV han acordado este jueves pedir al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto del Patrimonio por considerar que está "desfasado" en el tiempo, es "único en su modo a nivel europeo" y "confiscatorio en su efecto".

Tal y como recoge el informe de la Confederación 'Propuestas para una fiscalidad más competitiva', la CEV propone la eliminación de este impuesto para que el tributo "nunca tenga el carácter de confiscatorio". Según ha informado la patronal valenciana en un comunicado, la tarifa del impuesto, en ocasiones, "es superior a la rentabilidad del propio activo -bien o derecho-, resultando el tributo confiscatorio y, por tanto, de dudosa constitucionalidad".

Por otro lado, dada la coyuntura actual, los órganos de gobierno de la Confederación, se han mostrado contrarios a la subida del salario mínimo interprofesional y a una posible reducción de la jornada laboral a 32 horas.

Según la CEV, aunque es "esencial" llegar a un acuerdo en el marco del diálogo social, "no es momento de plantear un aumento del salario mínimo que, con toda probabilidad, afectaría a los sectores más castigados por la crisis económica derivada de la pandemia, como el sector agrario, la hostelería o el comercio". En este sentido, señala que el SMI ha subido este año un 5,5 por ciento y el año anterior ya lo hizo un 22,3%, al pasar de 736 a 900 euros.

Respecto a la jornada laboral, si bien existe el "compromiso" de estudiar la propuesta de 32 horas si el Gobierno la presenta en la mesa de diálogo social, la CEV considera que, al igual que ocurre con el SMI y dada la "difícil" situación que atraviesan las empresas, "no es momento para plantear este cambio".

En este caso, sostiene que, teniendo en cuenta la composición del tejido empresarial español y de la Comunitat Valenciana, compuesto mayoritariamente por pymes y micropymes y con preponderancia del sector servicios, "estas propuestas son irreales para la inmensa mayoría de las empresas en términos de productividad y costes laborales".

IVA A LAS BEBIDAS AZUCARADAS

El comité y la junta directiva han mostrado también su preocupación por el incremento del gravamen del 10 al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2021 ya que considera que tendrá un impacto económico negativo sobre el sector agroalimentario. A nivel estatal, calcula que su facturación podría caer entre 119 y 370 millones de euros y se podrían destruir entre 2.000 y 6.000 empleos.

Asimismo, considera que la regresividad de este tipo de impuestos provocaría que los hogares con el nivel socioeconómico más bajo, cerca de 4,7 millones, "aporten a la recaudación del impuesto hasta un 22% más de lo que les correspondería según su contribución a la renta nacional".

En tercer lugar, señala que la caída de la actividad económica y el empleo en el sector agrario y la industria agroalimentaria afectará al entorno rural y los municipios más pequeños, actualmente en riesgo de despoblación y con graves problemas de empleabilidad.

La CEV insiste en que las empresas de la cadena agroalimentaria de la Comunitat Valenciana son empresas innovadoras; están presentes en el Plan para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y están comprometidas con el Código PAOS. Asimismo, advierte de la "falta de evidencia" cierta sobre la efectividad de este impuesto para lograr el fin último que persigue, que es mejorar la salud y reducir los índices de obesidad, y recuerda que países como Dinamarca o Eslovenia han eliminado el impuesto por los efectos negativos que tiene sobre la actividad económica, el empleo o la equidad.

TRIBUNAL SUPREMO

El presidente de la CEV también ha informado a los órganos de gobierno acerca de la sentencia del Tribunal Supremo que, con fecha de 17 de noviembre, declara la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 8 de mayo de 2019, que exoneraba a la CEV de cualquier responsabilidad frente a los despidos de personal de la anterior Confederación autonómica al considerar que no existía sucesión de empresas entre ambas.

Por otra parte, desde este jueves y a propuesta del presidente de la CEV, Salvador Navarro, el presidente de ATA en la Comunitat Valenciana, Alberto Ara, ocupará la décima vicepresidencia de la organización. Así lo han acordado sus órganos de gobierno, después de que la Asamblea General de la organización acordase el pasado noviembre ampliar de nueve a diez el número de vicepresidencias.

La CEV cierra el año con una nueva incorporación. El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón (CEEI Castellón) se suma a la CEV, como miembro asociado, tras aprobarlo el comité ejecutivo y la junta directiva.