VALENCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno valenciano ha establecido el 20 de marzo como fecha límite para que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) pague las dos multas, que suman un importe de 600.000 euros, impuestas por las emisiones de TV3 desde los repetidores de esta entidad, ha informado el colectivo en un comunicado.
ACPV ha recordado que en su día presentó un recurso de alzada contra las dos órdenes de pago, pero la última resolución de la Dirección General de Tributos de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat valenciana "ha puesto fin a esta vía de manera definitiva y establece el 20 de marzo como último día para hacer efectivo el pago del total de las dos sanciones", han explicado las mismas fuentes.
En el supuesto de que ACPV no abone esta cantidad, las consecuencias serían "muy graves", destacan. En primer lugar, se abriría la vía de constreñimiento administrativo y, por lo tanto, la deuda se aumentaría automáticamente en un 20 por ciento --120.000 euros que habría que sumar a los 600.000 euros, más los intereses-- y se habilitaría un plazo de 50 días para hacer frente a esta deuda aumentada. También a favor de la administración autonómica habría intereses que pasarían a tener la calificación jurídica de demora y por cada día que se mantuviera esa situación.
Asimismo, la situación de la entidad pasaría a ser de "no estar al corriente con la Administración Pública", lo que bloquearía la posibilidad de percibir ayudas públicas de cualquier tipo.
Igualmente, si no se hiciera frente a la deuda aumentada por el constreñimiento en el plazo de 50 días, se abriría el procedimiento de embargo de los bienes y derechos de la entidad, como cuentas corrientes, ayudas pendientes de cobro, propiedades inmobiliarias y mobiliarias, han descrito los responsables de ACPV.
En opinión de la Acción Cultural, el Gobierno valenciano "inició el enero de 2007, hace ahora cuatro años, un proceso de persecución económica y política contra la entidad que tiene como objetivo intentar cerrar las emisiones de TV3 en el País Valenciano y castigar con multas desproporcionadas una asociación cultural sin ánimo de lucro".
"A pesar de la extraordinaria desigualdad de fuerzas, ACPV ha conseguido mantener la mayor parte de la red de repetidores todavía en funcionamiento, pero hay tres que han sido precintados por la Generalitat --Carrasqueta en l'Alacantí, Alginet en la Ribera Alta y Llosa de Ranes en la Costera-- y los otros tres principales repetidores (Montdúver en la Safor, Perenxisa que cubre la Ribera Baixa, l'Horta y Camp de Morvedre y Túria) y Bartolo, que afecta a las comarcas de la Plana, están sometidos a diferentes procedimientos judiciales impulsados por el mismo Consell con la intención de cerrarlos también", han aseverado.
Por tanto, para la asociación, "la amenaza continúa existiendo sobre los repetidores que todavía emiten la señal de TV3 en el País Valenciano".
En este línea, han lamentado que la Generalitat ha impuesto a ACPV tres multas por cada uno de los repetidores precintados. La primera, por un total de 126.943,90 euros, ya ha sido pagada pero quedan pendiente de pago estas dos multas de 300.000 euros cada una que ahora reclama el Ejecutivo autonómico
De este modo, el Consell "no solo no ha atendido los reiterados llamamientos hechas por el Gobierno de Catalunya por llegar a un acuerdo de reciprocidad entre Canal 9 y TV3, ni ha mostrado ningún respeto hacia los 651.650 firmantes de la Iniciativa Legislativa Popular 'Televisión sin Fronteras', sino que ha continuado su ofensiva judicial y de castigo económico contra ACPV, en lo que es un ataque a una asociación cultural sin precedentes", han concluido fuentes de la entidad.