El Consell se personará ante la demanda de Xúquer Viu por el Júcar-Vinalopó y garantiza la "defensa" del trasvase

ALICANTE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado este viernes que el Ejecutivo autonómico se personará en la demanda interpuesta por Xúquer Viu contra la adenda al convenio que rige el trasvase Júcar-Vinalopó para que esta transferencia se mantenga y ha ratificado la apuesta del Consell por "seguir defendiendo el agua que necesita y merece nuestra tierra".

Así lo ha avanzado en la apertura del VII Congreso Nacional del Agua en Elche (Alicante), donde ha defendido que el trasvase Júcar-Vinalopó es "fruto del consenso entre los regantes y un ejemplo de solidaridad en el que todos los agentes implicados están cumpliendo con los compromisos adquiridos".

Xúquer Viu ha pedido la anulación del convenio a diez años del trasvase al Vinalopó entre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y los usuarios del segundo de estos ríos al considerar que "hipoteca el futuro" del primero y l'Albufera. En su demanda, solicita en la sala del contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anule y deje sin efecto la adenda o convenio a 10 años para el trasvase Júcar-Vinalopó.

Frente a esta posición, el jefe del Consell ha remarcado que el trasvase "responde a la razón y a criterios técnicos y científicos", frente a "la política y el dogmatismo" que a su juicio aplica el Gobierno de España en materia hídrica. En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo central que no haya aportado "ni una sola razón técnica para cambiar las normas de explotación" del trasvase.

El 'president' ha advertido de que se pretende "cambiar las normas de explotación" para "poner fin" al trasvase en la provincia de Alicante" y ha recalcado que esas reglas "no guardan relación con los caudales ecológicos del Tajo, que están garantizados y no corren peligro", ha remarcado.

Además, ha incidido en que el trasvase "no es la causa de los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni a la cantidad de agua", al tiempo que ha apuntado que no se ha registrado "ningún incumplimiento de los caudales ecológicos por falta de agua en la cabecera, mientras que sí se están efectuando desembalses excesivos que desperdician recursos hídricos de gran valor".

AFEA AL GOBIERNO SU "FALTA DE DIÁLOGO"

En este punto, Carlos Mazón ha afeado al Gobierno de España su "falta de voluntad de diálogo" en esta materia y ha instado al Ejecutivo central a desarrollar "una gestión correcta de los embalses y la modernización de regadíos, incluyendo la construcción de balsas que optimicen el uso de las aguas derivadas a riego".

De hecho, ha calificado de "imprescindibles" estas actuaciones para mejorar el régimen fluvial y la calidad de las aguas y disminuir los desembalses en cabecera sin merma de garantías en la cuenca cedente.

EL CONSELL IMPULSARÁ UN "FRENTE COMÚN"

El jefe del Consell ha advertido de que acabar con este trasvase conllevaría "un impacto especialmente negativo" sobre Alicante, Murcia y Almería y ha avanzado que la Generalitat impulsará un "frente común" con "acciones concretas" entre todas las comunidades autónomas afectadas, los regantes y los ayuntamientos.

Según ha criticado, la implantación plena del régimen de caudales ecológicos y las modificaciones en las reglas de explotación del trasvase que pretende aplicar el Gobierno "reducirían significativamente" los volúmenes de agua disponibles para el regadío, lo que supondría "una pérdida patrimonial total de 5.692 millones de euros, afectando a más de 27.000 hectáreas de regadío", además de ocasionar "la destrucción de más de 15.000 empleos".

En concreto, ha precisado que en Alicante los efectos económicos sobre las explotaciones agrícolas "ascenderían hasta una reducción de la producción estimada de casi 61 millones de euros y una pérdida de empleo calculada en algo más de unos 1.700 puestos de trabajo".

Durante su intervención, Mazón ha abogado por el "diálogo entre territorios" y ha asegurado que "los desafíos del agua no entienden de fronteras", al tiempo que ha puesto en valor "la apuesta de nuestro territorio por el uso eficiente del agua mediante la modernización de regadíos y el desarrollo de las infraestructuras necesaria para reutilizar el agua depurada para uso agrícola".

Así, ha aludido al "buen ritmo" del tramo II y II del postrasvase Júcar-Vinalopó y al proyecto ya redactado de desdoblamiento de la conducción principal de este trasvase, además de los 38,8 millones de euros en ayudas e inversiones para la modernización de regadíos que la Generalitat destina en 2025. "Sabemos aprovechar cada gota de la que disponemos", ha reivindicado.

"De hecho, los cerca de 19 millones de euros de inversión directa nos van a permitir continuar siendo la primera región europea en volumen de agua reutilizada", ha valorado Mazón, que ha insistido en el compromiso del Consell por "defender el agua que le corresponde a la Comunitat Valenciana por justicia" y ha agradecido a "todas las personas que trabajan por un futuro en el que el agua siga siendo sinónimo de vida, prosperidad, protección ambiental y esperanza".

LA DIPUTACIÓN COLABORARÁ CON LA GENERALITAT

Por su parte, los Servicios Jurídicos de la Diputación de Alicante colaborarán "desde el minuto uno" con la Generalitat en la "defensa" del trasvase Júcar-Vinalopó. "Nos vemos en la obligación de defendernos", ha expresado el presidente provincial, Toni Pérez.

"Estamos alerta ante un recurso que algunos plantean contra un trasvase absolutamente consolidado de 'germanor', generosidad y solidaridad de todas las partes como es el del Júcar-Vinalopó, donde se está invirtiendo, además, una cantidad ingente de dinero por parte de la Generalitat Valenciana para que esta infraestructura siga generando vida y riqueza", ha apostillado.

Así, ha hecho hincapié en que, "frente a aquellos que cuestionan esta obra de solidaridad entre hermanos, debemos unir todas nuestras fuerzas", al tiempo que ha recalcado que el trasvase "ya supuso un esfuerzo de generosidad por parte de la provincia de Alicante, que accedió a cambiar la cabecera, renunciando con ello a unos derechos como era obtener agua potable para consumo humano, para alcanzar un acuerdo con aquellos que entonces nos obligaron a ceder y que ahora resulta que lo cuestionan".

El VII Congreso Nacional del Agua lleva este año por título 'Paisaje, Patrimonio y Medio Ambiente' cuenta con la asistencia de más de 300 profesionales y 140 ponentes de prestigio procedentes de universidades, administraciones y empresas nacionales e internacionales.

La Diputación de Alicante impulsa, junto al Ayuntamiento ilicitano y la Universidad de Alicante, este foro que, según Pérez, "es muy necesario, porque a pesar de que está suficientemente acreditado el uso perfecto, puntero e innovador que la gente de nuestra tierra y de nuestra agricultura hace del agua, se sigue cuestionando y algunos se esfuerzan en desunirnos y separarnos".