VALENCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSI·F ha recurrido un decreto de la Alcaldía de Oliva (Valencia) en el que se aprueba "descontar" a los funcionarios 38,2 euros al mes del abono del concepto retributivo de cuatrienios durante 2009. Según indicó el sindicato en un comunicado, el primer edil, Salvador Fuster, "ha impuesto esta medida alegando la actual situación de crisis económica, según consta en su escrito".
CSI·F ha recurrido judicialmente el decreto por considerar que se "está vulnerando los derechos de los trabajadores al restarles les 38,2 euros mensuales". Por el contrario, la central sindical sostiene que el alcalde "puede disponer de hasta el 6% de un presupuesto de 21 millones de euros para desembolsos de libre asignación. De esta partida le resultaría más práctico y efectivo reducir gastos".
Además, señaló que otras "medidas de austeridad" propuestas por los trabajadores consisten en "la reducción del salario de los concejales y cargos de confianza y la eliminación de los sueldos de secretarios de todos los grupos políticos".
En el recurso contencioso, CSI·F señala que los motivos son "arbitrarios y contrarios a derecho, ya que no se justifica la decisión adoptada con el fin pretendido de paliar la crisis". En el mismo escrito los servicios jurídicos del sindicato recuerdan que "la ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo".
El equipo de gobierno de Oliva asegura en su resolución que, debido a la actual situación económica, "se hace necesario adoptar una serie de medidas y criterios de contención de los gastos salariales". El primer edil firmó el decreto el pasado 14 de mayo y ya está aplicando la medida a los empleados públicos, según el sindicato, que cifró en 112 los trabajadores afectados, cuyo "malestar" resulta "palpable".
El sindicato manifestó que ésta "no es la primera vez que el alcalde de Oliva adopta decisiones que provocan el disgusto de los empleados del Consistorio" ya que desde mediados de 2008 "los policías locales están reclamando al Ayuntamiento un cambio de fundas tras la compra de nuevas armas".
Según recordó, "el equipo de gobierno decidió adquirir pistolas para la mayoría de los policías y revólveres para 25 de ellos y las fundas no son apropiadas, por lo que existe el peligro de que se caigan o que sean sustraídas con facilidad". CSI·F también ha denunciado esta situación ante los tribunales.