La defensa del presidente de F. Cyes dice que la entidad "siempre" indicó lo que iba a destinar a Nicaragua y a los pisos
VALENCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La abogada de Tina Sanjuán, ex secretaria general de la extinta Conselleria de Solidaridad, ha negado que su representada tuviera alguna intención de beneficiar a la Fundación Cyes con la concesión de subvenciones, o que el entonces conseller y actual diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, así se lo ordenara.
Estas son algunas de las afirmaciones que ha puesto de manifiesto la letrada durante las conclusiones del juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni.
Sanjuán se enfrenta a la segunda pena más elevada solicitada por la Fiscalía en este procedimiento, ya que se le requiere 13 años y medio de prisión, 32 de inhabilitación y el pago de una multa de 14.400 euros. Sin embargo, la acusada siempre se ha declarado inocente de los hechos por los que se le acusa, tanto de la falsificación documental como de la supuesta prevaricación.
"¿Qué interés tenía mi representada en beneficiar a Cyes?", se ha preguntado la letrada, para responderse: "nada se acredita". Así, ha negado que éste fuera el objetivo de Sanjuán o que Blasco así se lo indicara. Por contra, ha expuesto que su clienta se interesó especialmente por estos expedientes porque iba a tener que pronunciarse sobre ellos "por primera vez" en la comisión técnica del 31 de julio de 2008. "En ese momento -agrega-- hacía muy poco que Tina entró en la conselleria, no era experta en cooperación y era normal que se tomara interés porque estas resoluciones se las iban a trasladar al conseller".
"Era su primera convocatoria", ha añadido, al tiempo que ha alegado otros posibles motivos: "que la convocatoria estuviera dentro de plazo porque estaban a punto de llegar las vacaciones; que no se perdieran los presupuestos destinados a la conselleria... había varios intereses". "Su interés era la capacidad de gestión para que funcionara bien la conselleria, puesto que antes de que llegaran tanto ella como Blasco, la tramitación de expedientes en el departamento no era todo lo deseable que tenía que ser".
En relación con la presunta falsedad documental, la letrada ha negado este extremo y ha aseverado que Sanjuán no manipuló ni falseó ningún documento, ni las fichas remitidas por la empresa evaluadora Caaz sobre la fundación, ni el informe jurídico. "En ningún momento queda acreditada ninguna falsedad, ni que fuera conocedora de la misma".
SU "JEFE SUPREMO"
Por otro lado, sobre relación con Blasco, ha afirmado que Sanjuán ha trabajado con él como secretaria en varias consellerias, y era su "jefe supremo", su "persona de confianza", pero "una confianza que no iba más allá de lo profesional", ha puntualizado.
En cuanto a Tauroni, ha señalado que su representada lo conocía porque alguna vez lo había visto en la conselleria, pero antes del año 2008. "Simplemente lo conocía", ha dicho; y al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, lo desconocía.
TURNO DE F. CYES
Por otro lado, en la sesión de conclusiones de este viernes por la mañana también ha elevado a definitivo su informe el letrado del presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, y su pareja y empleada de la entidad, Josefa Cervera. Para ambos el ministerio público reclama cuatro años de cárcel y el pago de una multa -para cada uno-- de seis millones de euros.
El letrado ha solicitado la libre absolución para sus clientes y ha negado cualquier fraude en la adjudicación de las subvenciones, ni para los dos grandes proyectos ni para otros tres proyectos de sensibilización adjudicados también en 2008.
"Cyes --ha puntualizado-- ha actuado siempre con total transparencia, con el mismo criterio, desde el inicio de las ayudas hasta el final. Ha explicado siempre con claridad y detalle los distintos destinos que se han dado a las subvenciones, que han sido coherentes desde el principio". En esta línea, ha matizado que siempre ha dicho el dinero que iba a destinar a Nicaragua, es decir, los 43.000 euros, y lo destinado a la compra de inmuebles, prácticamente la totalidad de las subvenciones.
Sobre la compra de inmuebles, ha comentado que la fundación "siempre ha sido muy clara" y lo "único" que podría tener algún reproche, "pero únicamente como una falta administrativa", sería que la entidad no los adscribió a las ayudas ni los puso a nombre de los beneficiarios. "Pero nunca se denunció la no adscripción", ha insistido.
En relación con las facturas que aportó la entidad diferentes a las relativas a la compra de los inmuebles, el letrado ha explicado que no se pretendía justificar las subvenciones, sino que se trataba de otros trabajos realizados en Nicaragua: "no correspondían al importe de las subvenciones, y claramente se dijo", ha apostillado. "No nos podemos creer que los funcionarios pensaran que con esos nuevos documentos se querían justificar las subvenciones", ha añadido.
Sobre la acusación a Josefa Cervera, el abogado, quien ha insistido en que la fundación cumplía con la experiencia previa y con la concurrencia en red exigida por Solidaridad para obtener ayudas, ha señalado que "nunca ha tenido ninguna vinculación con la fundación, ni poderes, ni ha sido mandataria del banco, y tampoco ha tenido relación con los dos grandes proyectos de Nicaragua", ha dicho.
