PP y Cs no ven causa económica y preguntan por Vera, investigado en el caso Azud pero que aún mantiene su cargo
VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Valencia ha cesado este martes al Consejo de la empresa pública Divalterra y ha nombrado a la firma madrileña Afianza Asesores SL como liquidador para culminar el cierre de la entidad, a propuesta del interventor y el secretario, que la consideran en un informe conjunto como la opción "más adecuada profesionalmente".
Así se ha acordado en el transcurso de un pleno constituido en Junta General de Divalterra donde se ha aprobado la disolución de la sociedad mercantil, el cese del Consejo de Administración y el nombramiento del liquidador único.
En la Junta General, celebrada tras el pleno ordinario de junio, la corporación provincial ha dado luz verde, con los votos a favor del equipo de gobierno --PSPV y Compromís-- y La Vall ens Uneix y en contra del resto de la oposición, a la disolución, de acuerdo con la lesgilación "y siguiendo en todo momento las indicaciones de los habilitados nacionales en la Diputación", según ha informado la corporación provincial en un comunicado.
El nombramiento del liquidador único, que se ha aprobado por separado, no ha registrado ningún voto en contra. Se trata de un paso "casi definitivo en el cierre ordenado" de Divalterra, a falta de la fecha en la que se producirá el traspaso de personal y competencias desde la mercantil hacia el Consorcio Provincial de Bomberos y la propia Diputación.
De esta forma, cesa el Consejo de Administración que formaban Ramiro Rivera, como presidente, y los consejeros José Luis Aragón, Vicente Boquera, José Morgan, Ruth López, Luis Felipe Martínez, Pedro Domingo, Pau Martínez e Ignacio Sánchez, cuya gestión se ha aprobado y se han extinguido sus poderes de representación.
Para el nombramiento de Afianza Asesores SL, se ha seguido un proceso de selección en el que el interventor y el secretario de la Diputación la sitúan como "la oferta profesionalmente más adecuada" al disponer de "una acción coordinada de equipos especialistas en las áreas fiscal, laboral, contable, financiera, administrativa y mercantil, apoyada en profesionales de amplia experiencia en cada sector".
El informe valora Afianza como "una de las firmas de consultoría económica y jurídica más importantes a nivel nacional, que presta servicios a más de 1.500 clientes tanto del ámbito público como privado" y con una oferta "ajustada a la realidad de Divalterra, con una retribución ajustada a los precios de mercado".
CONTROL ADICIONAL
La sociedad mercantil Divalterra será sometida, hasta su extinción, al control financiero ejercido por la Intervención de la Diputació de València. Además de este control interno previsto en el reglamento de entidades locales, se establece uno adicional por parte del interventor a los actos de administración de los liquidadores, que consistirá en la contratación, prórroga, modificación y resolución de contratos menores y de personal; la venta de activos y derechos; la transmisión de funciones a los entes destinatarios y cualquier pago por importe superior a 100.000 euros.
El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, ha agradecido en la Junta el trabajo de los miembros del consejo cesado y de consejos precedentes de Divalterra y ha dado por iniciado el período de liquidación.
SIN CAUSA ECONÓMICA
Los portavoces de Ciudadanos y el PP en la corporación, Rocío Gil y Vicent Mompó, han coincidido a la hora de rechazar la disolución al no existir causa económica.
Mompó ha lamentado la "falta de transparencia y motivación real" de un cierre que considera que se produce "sin negociación y con varios asuntos bajo investigación". "Ustedes, con su mayoría, van a disolver su buque insignia, el que cambiaron de nombre, y el que querían que fuera icono de la 'nueva Diputación'", ha reprochado a Gaspar, al que ha trasladado: "Sólo ustedes saben el porqué lo van hacer realmente".
En este punto, según ha informado el PP en un comunicado, ha señalado que PSPV y Compromís "tras un tremendo lío en el proceso de selección de la jefa de personal intentaron que el Consejo adoptara una decisión que no le competía, tratando de revocar la decisión del tribunal de selección competente y que sólo un juez puede cambiar".
"Como consecuencia de esta irregularidad, dimitió medio Consejo de Administración porque no quería votar algo que está fuera de toda lógica", ha indicado Mompó, quien ha añadido que Gaspar "amagó con disolver Divalterra en los medios de comunicación pero luego reculó y se nombraron nuevos consejeros en un último intento de revocar la elección de la jefa de personal".
"Pese a la renovación, la situación era tan insostenible que no fueron capaces de sacar adelante la votación en el Consejo tras proponer cuatro acuerdos distintos y tumbarlos la mayoría del órgano rector uno tras otro", ha manifestado Mompó, quien señala este momento cuando se decidió acabar con Divalterra, pese a ser una empresa "sujeta a diferentes investigaciones y con su jefe del servicio jurídico y prevención de riesgos penales, José Luis Vera, que primero fue detenido y luego puesto en libertad con cargos en el marco de una operación anticorrupción", el caso Azud.
En esta línea, ha dicho que Fiscalía decidió archivar la denuncia al respecto del nombramiento de la jefa de Recursos Humanos pero "dejó abierta la posibilidad de acudir a la vía judicial, lo que estamos explorando".
Para Mompó ahora surgen tres grandes dudas: "qué pasará con el señor Vera", que sigue en el cargo, y al que sostiene que "le están haciendo ustedes un puente de plata para que termine integrándose en la Diputación"; "cuál ha sido el proceso para nombrar a los liquidadores", ya que ha cuestionado que se haya adjudicado ya a la empresa por 210.000 euros en un proceso "sin transparencia", y a la "falta de justificación" de los 40.000 euros que transfirió Divalterra a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para la constitución de CICAL.
Mompó ha advertido que ni la Agencia Valenciana Antifraude ni la comisión interna nombrada por el Consejo de Divalterra ni el auditor interno han visto "suficientemente justificados" los trabajos que originaron ese desembolso de 40.000 euros en base a lo que marca la Ley de Subvenciones y ha preguntado a Gaspar si se acuerda de José Manuel Orengo, el dirigente socialista vinculado a esa Fundación.
En respuesta, Gaspar ha lamentado las afirmaciones "inciertas" del portavoz del PP y ha puntualizado que el Consejo "no cesó el viernes sino hoy tras la aprobación de la disolución".
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Valencia, Rocío Gil, ha instado a los liquidadores de Divalterra a cesar a José Luis Vera. "La Junta General debería advertir a los liquidadores de la situación procesal de Vera y apartarlo de su cargo como responsable de asuntos jurídicos y prevención del delito de la empresa pública", ha esgrimido.
Cs ha confirmado que ha presentado un recurso de reposición para que se declare nulo el acuerdo de disolución de Divalterra del pasado 4 de junio". "Se cometió un error de forma, no estaba la documentación disponible en el momento de la convocatoria del pleno, y se incumplió así la ley; por lo tanto, el acuerdo adoptado es contrario a derecho", ha defendido.
