VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El empresario José Luis Sena ha aceptado una pena de cuatro años de cárcel por falsear facturas en el saqueo de la depuradora de Pinedo, dentro del conocido como caso Emarsa.
Sena se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Valencia después de que otras 24 personas fueran condenadas en 2018 --una pena ratificada luego por el Tribunal Supremo en 2020-- por desviar 23,5 millones de euros de dinero público a través de la gestión de la depuradora.
La única persona que quedaba por juzgar en este procedimiento era Sena, quien se quedó sin abogado y sin defensa a escasos días de celebrarse la vista en 2018 y la Sala decidió entonces seguir con la causa sin él y juzgarle aparte, en otra vista que se ha celebrado este lunes.
Sena ha aceptado cumplir la pena propuesta por Fiscalía, que era de cuatro años de cárcel como cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales publicos en concurso con un delito continuado de falsedad documental. Se le han aplicado las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño.
Junto a la pena de prisión, Sena tendrá que hacer frente, de forma conjunta y solidaria con el resto de condenados en el caso Emarsa, a una responsabilidad civil de 13.012.754 euros y se ha declarado a su empresa como responsable subsidiaria.
Sena, junto a otras personas de la trama ya condenadas, emitió desde su empresa facturas falsas entre los año 2005 y 2010 por labores de supervisión que no eran necesarias o la retirada y tratamiento de lodos de la depuradora que en realidad realizaba otra mercantil por la mitad del precio, entre otras irregularidades.
Esta macrocausa, cuya pieza principal se da hoy por concluida, cuenta con condenas para ex altos cargos públicos como Enrique Crespo, exvicepresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, condenado a 10 años de prisión; y José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar), a quien se le impusieron 9 años de cárcel.
En junio de 2018, la Audiencia de Valencia consideró probado que los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo articularon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público. Para ello se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real. De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.
Las penas impuestas entonces oscilaron entre los 9 meses y los doce años y medio de cárcel para los 24 acusados --faltaba Sena--. Asimismo, se fijaron indemnizaciones a pagar de forma solidaria hasta los 23,5 millones de euros, así como otras de menor cuantía a título particular. Posteriormente, el Supremo ratificó condenas y realizó algunas modificaciones para determinados condenados.
