ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Unida ha anunciado que presentará alegaciones al proyecto de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que pretende agilizar la llegada de Ikea a Alicante, tras conocerse este lunes el inicio de la exposición pública del proyecto inicial. En un comunicado conjunto, el portavoz del grupo municipal, Miguel Ángel Pavón, y la diputada autonómica, Esther López Barceló, han advertido de que en caso de que el proyecto se apruebe "definitivamente" irán a los tribunales tanto por la vía contencioso-administrativa como por la vía penal.
"El ámbito penal ya afecta a la ATE a través de la pieza del caso 'Brugal' que investiga el presunto amaño del Plan Rabasa y de la llegada de un macrocentro comercial con tienda de Ikea a terrenos del Plan --una pieza que EU consiguió reactivar en los tribunales--, el mismo macrocentro que ahora llega en forma de ATE", han indicado.
"Hemos comprobado que el proyecto comercial que impulsa Ortiz es el mismo con el que se inició el procedimiento de la ATE: 125.000 m2 de techo para una nueva gran superficie que amenaza con arruinar el tejido comercial tradicional de la ciudad y su área metropolitana. Sólo hay una diferencia sustancial, el ámbito del sector se amplía de los 2,2 millones de m2 iniciales a los 2,4 actuales al ampliarse el parque periurbano de las lagunas con 200.000 m2 que en su mayoría son propiedad de la sociedad participada por Ortiz, Alicante Avanza", han seguido.
A su juicio, el empresario Enrique Ortiz "refuerza su condición de propietario mayoritario del sector y sus opciones de recibir en la reparcelación la 'manzana de oro', los 287.000 m2 en los que edificar el nuevo macrocentro. El pelotazo de Ortiz corregido y ampliado. Un escándalo total".
COMPLICIDAD
Pavón y López Barceló han acusado al actual Consell de la Generalitat de ser "cómplices" del "pelotazo" al someter "a información pública una ATE que deberían haber suspendido".
"El presidente del Consell y candidato del PP a la Generalitat, Alberto Fabra, la consellera Isabel Bonig y la también consellera y alcaldable del PP en Alicante, Asunción Sánchez Zaplana --que en 2005 votó a favor del Plan Rabassa junto a Miquel Valor y otros concejales del PP y del PSPV con el único y digno voto en contra de EU--, que forman parte del mismo Consell, se han hecho hoy cómplices del pelotazo sometiendo a información pública una ATE que deberían haber suspendido", han argumentado.
En ese sentido, han remarcado que EU ha pedido "de forma reiterada" desde el Ayuntamiento y desde las Corts Valencianes la suspensión "al existir un procedimiento penal en marcha que afecta a una actuación que si algo tiene de estratégica es para los intereses de Ortiz, no desde luego para los intereses públicos ligados al pequeño comercio, a la protección de las lagunas de Rabassa o a la movilidad sostenible".
Por ello, han anunciado que si EU forma parte del Consell de la Generalitat y del equipo de Gobierno del Ayuntamiento a partir de mayo, "seguirá trabajando para tumbar este nuevo despropósito urbanístico de Enrique Ortiz".
