Los ex máximos dirigentes de la CEC se desvinculan de los temas de formación en el juicio por presuntas irregularidades

El director de Formación señala que desconoce por qué no se abonó el importe a las empresas

CASTELLÓ, 18 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Los ex máximos dirigentes de la extinta Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), el que fuera presidente, José Roca, y secretario general, Rafael Montero, se han desvinculado este martes de los temas de formación en el juicio que se celebra en la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación por parte de la patronal empresarial.

La fiscal solicita cuatro años de prisión y una multa de 7.200 euros para ambos ex dirigentes, así como para el que fuera director de Formación, José Antonio Espejo, a los que acusa de un delito continuado de apropiación indebida.

Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, se concedió por parte de la Generalitat Valenciana a CIERVAL un subvención global de 12.267.434,72 euros para la ejecución de un plan de formación intersectorial. La subvención fue gestionada por las entidades asociadas a CIERVAL, correspondiendo a la CEC respecto de la ejecución de las acciones formativas 3.160.090,20 euros, cantidad que le fue transferida.

Presentada el 15 de noviembre de 2011 por la entidad beneficiaria de la subvención documentación justificativa, se formuló liquidación definitiva de la subvención concedida considerando justificada la misma por un importe de 11.648.654,30 euros, por lo que posteriormente se procedió al pago a CIERVAL 2.625.338,02 euros correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la ya anticipada.

Posteriormente y como consecuencia de escritos presentados por dos entidades, pudo comprobarse que en la parte gestionada por la CEC, los acusados, "todos ellos de común acuerdo y con claro ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito para sí o para la entidad que gestionaban" no abonaron cantidades correspondientes a tres empresas prestadoras de los servicios, "disponiendo los acusados de los referidos fondos a fines propios y, por tanto, distintos de aquéllos a los estaban destinados y para los que fueron entregados, importes que a fecha de hoy aún se adeudan a los perjudicados.

Las facturas correspondientes a los cursos realizados de acuerdo con el Plan Formativo aprobado que han resultado impagadas por la CEC, pese haberle sido a la misma entregados los fondos para el pago, ascienden a un total de 190.770 euros, según la fiscal.

RECONOCIMIENTO DE DEUDA

El expresidente de la CEC José Roca, que ha señalado que era José Antonio Espejo el encargado de los cursos de formación, ha confirmado que él mismo hizo un reconocimiento de la deuda porque se lo aconsejaron. Ha señalado que posteriormente presentó la dimisión "pero no por esto".

Por su parte, es ex secretario general de la CEC Rafael Montero ha indicado que él no intervenía directamente en los temas de formación, "pues había un director y personal a sus órdenes que llevaban el tema de la formación". Así mismo, ha explicado que los cursos de formación se impartían en centros propios de la propia patronal o, cuando no había capacidad para impartirlos, se contaba con empresas externas.

Montero ha destacado que, tras recibirse las subvenciones, era el departamento de formación el que realizaba los abonos a las empresas que impartían los cursos; y ha añadido que existía un control de los cursos por parte de la Generalitat Valenciana.

El acusado ha señalado que no sabe por qué no se le pagaron los cursos a estas empresas en 2011 y que lo "extraño" es que no le informaran de nada por parte de ningún centro. "Yo no tenía conocimiento de que hubiera habido alguna irregularidad" porque, de lo contrario, "hubiera tomado medidas", ha añadido.

El que fuera director de Formación José Antonio Espejo ha relatado que su principal función era mantener contacto con CIERVAL y el SERVEF y que eran los responsables de las oficinas comarcales los que estaban en contacto con las empresas que impartían los cursos.

Respecto a la subvención de 2011, ha dicho que desconoce por qué no se abonó el importe a las empresas que impartieron los cursos. Además, ha indicado que el primer anticipio se destinó a pago de facturas a proveedores, pero ha asegurado desconocer qué pasó luego; y ha añadido que los giros bancarios a las empresas los autorizaba el departamento de Administración.

En la sesión del juicio de este martes también han declarado los representantes legales de las tres empresas perjudicadas. Dos de ellos han manifestado su sorpresa por el hecho de que la CEC no les abonara las cantidades correspondientes a 2011 y sí las de años posteriores.

Ambos también han manifestado que el contacto directo con la CEC lo tenían con José Antonio Espejo, el cual les dijo cuando reclamaron la deuda que existía un contencioso-administrativo abierto, aunque posteriormente el SERVEF les informó que dicho contencioso no existía y que todo el dinero estaba liquidado. El juicio continuará este miércoles.