VALENCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat Valenciana aplicará una normativa "de transición" hasta que se apruebe la nueva Ley del Sector Público para garantizar el "control exhaustivo" del personal y de los contratos en las empresas, fundaciones y otras entidades públicas.
Así lo ha avanzado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una rueda de prensa en la que ha comparecido tras mantener una reunión con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler; la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Ángeles Cuenca; la subsecretaria de la Conselleria de Hacienda, Eva Martínez; y los directores generales del Sector Público y de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Empar Martínez y Antonio Rodes, respectivamente.
Puig confía en que este año pueda entrar en las Corts la nueva Ley del Sector Público, para que se apruebe en 2017, pero mientras tanto ha avanzado que aplicarán una normativa "de transición" --están estudiando actualmente la forma jurídica que tendría-- y que previsiblemente aprobará el pleno del Consell la próxima semana.
El objetivo es garantizar relaciones de puestos de trabajo "adecuadas" y, al mismo tiempo, introducir mejoras en los procesos de contratación para hacerlos "absolutamente transparentes", con "un control exhaustivo".
Ximo Puig ha subrayado que se trata de "intentar sanear y poner en marcha el nuevo sector público valenciano" que, según ha dicho, "ha sido la puerta que abrió muchas de las puertas de la corrupción que ha habido en la Comunitat Valenciana".
Por tanto, se trata de "intentar establecer la verdad de lo que ha pasado" y, al mismo tiempo, "recomponer un sector que tiene ser positivo para los valencianos, bajo los valores de la honradez y la eficiencia".
"CAMBIO DE PARADIGMA"
El jefe del Consell aboga por "un cambio de paradigma de lo que ha sido el sector público". A modo de ejemplo, ha indicado que sólo en la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat "la Generalitat ha invertido 1.100 millones de euros, de los que realmente el 10 por ciento ha podido definitivamente servir para mejorar la vida de los ciudadanos o la economía de la Comunitat". Del mismo modo, ha dicho que "multitud de fundaciones no tenían ningún tipo de sentido".
Ante esta situación, el Consell está trabajando en la nueva Ley del Sector Público Valenciano, con la que intentará que exista "un sector público vigoroso, transparente, eficaz y que sirva para el interés general de los valencianos".
Según Puig, el sector público valenciano "debe ser capaz de promover la economía y la innovación de la Comunitat" y, para ello, ha resaltado que las empresas que prestan servicios públicos lo deben hacer "de manera eficiente, para que no haya un cierto de intrusismo en la administración como se ha hecho en el pasado".
FUNDACIONES CON PARTICIPACIÓN PRIVADA
También ha indicado que las fundaciones deben "buscar la complicidad con sectores privados". En esta línea, ha avanzado que "las únicas fundaciones que van a quedar son las que van a tener una participación privada".
Preguntado por si habrá recorte de personal en las empresas y entidades publicas para garantizar la rebaja del 7,45 por ciento del presupuesto del sector público empresarial y fundacional que contempla el Plan de Ajuste remitido por la Generalitat al Ministerio de Hacienda, Puig ha indicado que se estudiarán los contratos porque algunos "no tienen sentido".
No obstante, ha resaltado que "más allá del personal", se rebajarán los gastos de funcionamiento, para lo que están haciendo "un diagnóstico definitivo". "Lo que forma parte de la administración debe estar claramente vinculado a la Administración. No puede haber consellerias en 'b' como ha pasado", ha subrayado.
Ximo Puig también ha hecho hincapié en que están tratando de "poner en orden" la Sociedad de Proyectos Temáticos que "arrastra múltiples problemas" y, al respecto, se ha referido a falta de información.
DEUDAS PENDIENTES
El 'president' ha destacado que desde que entró el nuevo Gobierno valenciano "no se ha gastado ni un euro de los valencianos en ningún tipo de cuestión que no sea fundamental". Al respecto, ha dicho que "se están propiciando actuaciones de eficiencia económica que han hecho que se hayan podido cobrar algunas de las deuda pendientes que estaban ahí desde el principio de la historia".
Sobre este tema, el director general de la SPTCV, Antonio Rodes, ha explicado a los periodistas que la Generalitat ha podido cobrar 11 millones de euros de la propietaria de Terra Mítica por deuda pendientes e intereses de demora. También ha avanzado que sacarán a licitación terrenos en Benidorm que son propiedad del Gobierno valenciano con los que esperan obtener más de 10 millones.
