VALENCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat valenciana adeuda 35 millones a las residencias de la Tercera Edad públicas pero de gestión privada con lo que "peligra" el pago de la próxima nómina de los 1.800 trabajadores de estos centros, según han señalado este jueves en rueda de prensa los responsables de Servicios Sociales de CCOO y UGT, Arturo León y Miguel Usó.
Al respecto, han advertido que ante esta "dramática" situación, ya hay residencias que no pueden pagar, se plantean movilizaciones "de gran calado", huelga incluida, si el Gobierno valenciano no salda la deuda a estas más de 30 residencias, que no cobran desde noviembre de 2012, y en las que el 90 por ciento de los trabajadores son mujeres que cobran menos de mil euros mensuales.
León ha explicado que estas residencias, que prestan servicio a 3.000 personas mayores, no fueron incluidas "incomprensiblemente" e "irresponsablemente" en el Plan de pago a proveedores "sin explicación alguna" y que desde la Conselleria de Bienestar Social les remiten al próximo plan, pese a que estas empresas "ya no pueden aguantar más".
Por ello, han solicitado una entrevista urgente al vicepresidente, José Císcar, para informar de "esta situación de impagos" y a la Conselleria de Bienestra Social que les busque "una solución". Además, han mantenido reuniones con los grupos parlamentarios de la oposición para que presenten mociones en el pleno para que "impliquen" al Consell.
"Este es el primer paso pero si se mantiene esta situación adoptaremos otro tipo de medidas", ha apuntado el responsable de CCOO, que ha recalcado que "por primera vez" se unen de forma "tan intensa" los sindicatos y las empresas para que se pueda prestar este servicio "con normalidad".
Por su parte, Miguel Usó ha recalcado que es "inadmisible" que el Consell sí que pague a la sanidad o a la educación concertadas y deje fuera a estas residencias, lo que hace pensar que la Generalitat "no se cree ni los Servicios Sociales ni la dependencia".
De hecho, han apuntado que la Comunitat Valenciana es la única con una demora de 8 a 12 meses en el pago a estas residencias cuando lo normal, en el resto de autonomías es entre uno y tres meses, a excepción de Baleares, Cataluña, y Castillas La Mancha, que se eleva aun máximo de 9 meses.
SITUACIÓN INSOSTENIBLE
Del mismo modo, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) se ha reclamado al Gobierno Valenciano que sale de la deuda ya que la situación es "insostenible" hasta el punto de que hay "un riesgo de continuidad" en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16),según han señalado en un comunicado.
De hecho, advierte de que la red pública de atención a personas en situación de dependencia "pueda desaparecer" en los próximos meses ante "la pasividad" de los gobernantes con "el consiguiente perjuicio social y reducción de la calidad de vida para muchos dependientes y sus familias".
AVREP es una asociación constituida recientemente para defender a las empresas, trabajadores y usuarios de estos centros, representa al 97 por ciento de los gestores de éste sector, agrupando a las entidades que coordinan los servicios de 26 de los 28 recursos disponibles en la red pública de la Generalitat Valenciana.
