Lo ratifican CCOO PV, UGT-PV, Intersindical, FSES y Cemsatse, mientras CSI·F se abstiene en la votación
VALENCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat Valenciana y centrales sindicales de la Comunitat han cerrado este jueves y "por primera vez" en la historia de la región un acuerdo que fija los compromisos de gobierno en las condiciones laborales del personal funcionario, estatuario y laboral al servicio del Gobierno autonómico y que serán objeto de negociación a lo largo de la actual legislatura, hasta 2019.
El pacto se ha aprobado este jueves en la Mesa General de Negociación y lo han firmado por la tarde la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, y las organizaciones CCOO PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) y Convergencia Estatal de Médicos y Enfermería (Cemsatse), mientras que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) se ha abstenido en la votación a la espera de ver cómo se desarrolla.
El jefe del Consell, Ximo Puig, ha presidido la firma de un acuerdo que ha calificado de "histórico" al suponer "un marco de referencia en el horizonte de la legislatura", con el propósito de "seguir el camino para recuperar la reputación del sector público y los funcionarios: No se trata de firmar cheques en blanco, sino de superar diferentes estadios".
Para el 'president', el convenio también supone "el renacimiento de nuestra tierra" y pone de relieve "la necesidad de una financiación adecuada". Ha defendido así que "evidencia la potencialidad del espíritu de diálogo que ha demostrado el Consell en el último año" y "el objetivo común de servir a los ciudadanos".
"Tenemos que ganar la batalla en la eficiencia", ha manifestado, en una administración "muy devaluada en los últimos años y con empleados públicos magníficos que han aguantado para que el edificio de la Generalitat no cayera definitivamente", con lo que ha insistido en que los funcionarios "son el alma y el motor" del Gobierno autonómico.
Tras firmar el documento, la responsable de Administraciones Públicas ha destacado que "es la primera vez en la historia de la Comunitat" que se firma un "hito" de estas características y ha abogado por "acabar con la externalización del servicio público". "No podemos fallar a quienes nos dan este voto de confianza", ha reivindicado.
CONTENIDO DEL PACTO
El acuerdo recoge un calendario de aplicación de las medidas consensuadas en un extenso listado que afecta a materias como la negociación colectiva, las condiciones de trabajo del personal empleado público, las ofertas de empleo público, los planes de igualdad y otras cuestiones como la lucha contra la violencia de género, la acción sindical o la formación de los funcionarios.
También marca las directrices que en lo que queda de legislatura deben acometer las Mesas Generales de Negociación y las sectoriales de Función Pública, Administración de Justicia, Educación y Sanidad, así como los ámbitos de negociación que corresponden al personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica.
Además, el pacto amplía los ámbitos de negociación con la futura creación de la Comisión de diálogo del Sector Publico Instrumental de la Generalitat, en cuyo seno se debatirá una nueva ley del sector público, y el Foro de Diálogo de las Administraciones Públicas Valencianas que unirá a Consell, ayuntamientos y universidades.
OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO
Tras analizar la situación del funcionariado, la Generalitat se ha comprometido con el acuerdo a "mantener y aumentar" el número de puestos de trabajo. Para ello, negociará y publicará durante el primer semestre de éste y los próximo tres años Ofertas de Empleo Público (OEP) en las que ofertará "el mayor número de puestos que permita la normativa estatal básica vigente", y más tarde negociará con los sindicatos.
También contempla medidas para reducir la temporalidad en cada uno de los sectores a un máximo del diez por ciento, una negociación que tendrá "carácter preferente" y se aplicará en las ofertas de 2016 y 2017.
Por otro lado, marca la futura presentación de la propuesta de reforma de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV), en proceso de estudio. De manera paralela, establece la adopción futura de medidas y leyes para "propiciar la recuperación del poder adquisitivo" de los funcionarios.
PLANES DE IGUALDAD
Respecto a justicia y educación, las consellerias competentes elaborarán y presentarán un borrador de plan de igualdad para su negociación y aprobación antes de finalizar 2016, tras lo que se publicarán en el Diario Oficial de la Comunitat (DOCV).
Igualmente, la Generalitat negociará protocolos de actuación contra la violencia machista y el acoso sexual y por razón de género u orientación sexual en el seno de las diferentes administraciones públicas. Se trata de una cuestión que Consell y sindicatos consideran "muy importante", por lo que impulsarán acciones formativas para sensibilizar al funcionariado.
Además, la administración no difundirá "en ningún caso" el nuevo destino de las mujeres víctimas de violencia de género para hacer efectiva su protección.
REDUCCIÓN DE JORNADA Y CONCILIACIÓN
Respecto a la jornada laboral, el pacto establece que se facilitará el acceso de las trabajadoras de la Generalitat a medidas de protección como la reducción de jornada, reordenación del tiempo de trabajo y derecho a reserva de puesto y al cambio de turno.
Otras de las medidas que incluye son la ampliación a seis semanas de la duración del permiso de paternidad o como la creación de uno retribuido a partir del primer día de la semana 37 de embarazo y hasta la fecha del parto, a disfrutar por las funcionarias en estado de gestación.
VALORACIÓN DE LOS SINDICATOS
Después de ratificar el acuerdo de legislatura, CCOO PV ha valorado positivamente los avances que supone en las condiciones laborales de los funcionarios, aunque ha subrayado que no le "satisface al cien por cien" y que "es importante que el Gobierno valenciano cumpla con el acuerdo de pagar toda la extraordinaria de 2012". Cree que es un documento con más propuestas, pero "lamentablemente, menos inversiones y gasto" y que "sirve de modelo" a otras regiones.
Por su parte, UGT-PV ha reconocido el "esfuerzo" de la Generalitat por "recuperar el diálogo social roto por el Partido Popular" y los "avances sustanciales" en poder adquisitivo, si bien ha remarcado que "hay aspectos que no dependen del Consell" y se ha mostrado partidario de que el 26J "llegue un Gobierno con un nuevo talante y apueste por cambiar la financiación".
De la misma forma, Intersindical considera el acuerdo como una "hoja de ruta fundamental para dignificar los servicios que reciben los valencianos". Ha calificado de "cambio radical en las actitudes" que la mayoría de sindicatos lo hayan apoyado, algo que "se había perdido con el anterior Gobierno de la Generalitat", y considera que "pone fin a una época negra para los trabajadores".
Por su parte, CSI·F ha optado por la abstención a pesar de mostrar su "acuerdo general" con el contenido del pacto, ante la "falta de concreción del documento: se queda en una declaración de intenciones y no detalla las medidas económicas y retributivas".
