La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas de Alicante

   ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil investiga a 64 personas como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo y, en algunos casos, por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, en el marco de la operación 'Urbanitas' relacionada con construcciones ilegales en la provincia de Alicante.

   Los investigados son 39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años, tres de los cuales habrían actuado como intermediarios, según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado. A todos ellos se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que a algunos se les acusa además de delitos de falsedad documental por "alterar documentos relacionados con las operaciones de compraventa para engañar a la Administración Pública" y por fraude a la Hacienda Pública.

   Las actuaciones han sido llevadas a cabo por la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Pacprona) de Alicante, en el marco de las intervenciones que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) desarrolla para "garantizar un modelo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia".

   La investigación se inició en octubre de 2024 tras diversas denuncias presentadas por asociaciones vecinales y particulares, así como por irregularidades detectadas de oficio por la propia patrulla. Estas informaciones apuntaban a la existencia de "numerosas infracciones urbanísticas" relacionadas con parcelaciones y construcciones ilegales en las partidas alicantinas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent.

   Durante las más de 70 inspecciones que se realizaron, los agentes comprobaron que la mayoría de los terrenos afectados eran parcelas rústicas no urbanizables y protegidas, muchas de ellas ubicadas en zonas de rambla, donde la normativa vigente "prohíbe expresamente la división del terreno y cualquier tipo de construcción o edificación".

   Las primeras diligencias permitieron detectar el 'modus operandi' con el que los intermediarios presuntamente actuaban entre los propietarios de terrenos sin uso y los posibles compradores.

   En algunos casos, adquirían los terrenos para su posterior reventa o mediaban en las operaciones para convencer a los compradores. Posteriormente, dividían las fincas en pequeñas parcelas, tanto de forma documental como física, con el objetivo de "obtener un mayor beneficio económico".

   De este modo, los compradores presuntamente firmaban contratos privados de compraventa, mediante los cuales adquirían un porcentaje del terreno original sin una ubicación concreta dentro de la parcela matriz, por lo que "asumían las responsabilidades legales y urbanísticas derivadas de la totalidad de la propiedad original".

   Los agentes han dado cuenta al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante de todas las investigaciones. Las posibles infracciones urbanísticas han sido puestas en conocimiento de los organismos competentes, lo que, además de sanciones económicas, podría implicar para los titulares de las viviendas ilegales la demolición de las edificaciones y el cese de los suministros de agua, energía eléctrica, gas y telefonía, entre otras medidas.

CONSECUENCIAS

   La Guardia Civil recuerda que adquirir una vivienda construida de forma ilegal conlleva "graves" riesgos, como la posibilidad de tener que demolerla, sufrir daños materiales importantes, enfrentarse a sanciones urbanísticas, padecer inseguridad jurídica por problemas en el registro de la propiedad o encontrar dificultades para acceder a servicios básicos como el suministro de agua o electricidad, entre otras consecuencias.