ALICANTE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) ha realizado un informe para la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) confirma que el 84 por ciento recurre a la financiación externa y ve las condiciones más gravosas que hace un año, según indicó Ineca en un comunicado
Los resultados del informe impulsado por la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) y elaborado por Ineca, titulado 'Financiación de las Pymes en la provincia de Alicante y actividad crediticia de las actividades financieras', confirman que las empresas de la provincia de Alicante recurren más a la financiación de las entidades crediticias que la media nacional.
En concreto, según el estudio, el 84 por ciento de ellas solicita financiación, mientras que en España el dato está seis puntos por debajo, lo que revela "el importante papel que estas instituciones juegan en el desarrollo de nuestros sectores productivos". Este trabajo desvela, además, que "sólo la mitad de las que requieren recursos financieros externos los consiguen finalmente".
Según el 84 por ciento de los empresarios entrevistados, "las condiciones de concesión de los créditos se han endurecido sensiblemente, con especial incidencia en la subida de los tipos de interés". Este porcentaje, según Ineca, es "superior al que se manifiesta en otras provincias".
Este estudio incluye la opinión de 95 Pymes de distintas comarcas y de diversos sectores de actividad --hostelería, informática, agricultura, calzado, construcción, metal, comercio, mueble, servicios estratégicos, alimentación--, con el objetivo de ofrecer una imagen lo más fiel posible sobre la situación de la financiación en las empresas. Los resultados se han contrastado con el estudio de ámbito nacional del Banco de España realizado en abril de 2009 y el del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, igualmente nacional, publicado un mes después.
Una de las conclusiones generales del trabajo es que la crisis financiera internacional "tiene una repercusión directa en la circulación de capitales y en la gestión de los mismos, y que una de las consecuencias más trascendentes ha sido la drástica reducción en la concesión de créditos a las Pymes y a las familias provocada por la escasez de recursos financieros".
Este panorama ha generado "unas condiciones que dificultan la gestión empresarial y obligan a incrementar los esfuerzos para garantizar la supervivencia de sus actividades productivas". Así, "una gran parte de las empresas que han contestado a la encuesta califican las condiciones de concesión de los créditos como abusivas".
Paralelamente, la investigación desvela que la crisis "está generando que un alto porcentaje de empresas sufren un incremento notable en los plazos de cobro de sus pedidos al tiempo que manifiestan un mantenimiento de los plazos de pago a sus proveedores". Este desajuste de los flujos de caja "se ve incrementado por el retraso que las Administraciones Públicas aplican en los pagos a sus proveedores".
En este sentido, Ineca consideró "conveniente indicar que una de cada dos empresas tiene entre sus clientes a las administraciones públicas y que prácticamente todas sufren un incremento notable en los plazos de pago por parte de éstas". Según el informe, "el principal objetivo de la financiación es atender las necesidades de capital circulante de las empresas, por lo que cada retraso en su aprobación de solicitud, cada incremento en sus costes traba la actividad empresarial, dificultando su supervivencia en el mercado".
Respecto a la financiación que proviene del ICO, Ineca apunta que "no parece una alternativa para las empresas: sólo una de cada dos ha solicitado estos créditos y de aquellas que lo han pedido sólo dos de cada tres los ha obtenido".
La segunda parte del estudio recoge un análisis muy exhaustivo de las nuevas condiciones que se imponen en las operaciones crediticias, habituales en muchas entidades, y que pueden llegar a perjudicar de forma continua las maltrechas finanzas de nuestras empresas. En el informe se hace una extensa relación de estas situaciones con el fin de que el empresariado conozca, por un lado que comportamientos son los adecuados y, por otro, la vía para denunciar actitudes contrarias a la normativa vigente y a las recomendaciones del Banco de España.
"Entre estas prácticas que pueden denominarse abusivas destacan, en los últimos meses, la obligatoriedad de suscribir otros productos de carácter financiero además de los propiamente solicitados por el cliente; en esta política aplicada por algunas entidades de crédito destacan los polémicos SWAPS, con varias sentencias judiciales que dictaminan la opacidad y riesgos inherentes a estos productos", señala el informe.