VALENCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Valencia ha admitido a trámite la demanda presentada por el grupo municipal socialista para que el consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) convoque una sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas que saque a la compañía de la situación de "fondos propios negativos" en la que se encuentra y que, "de no poner remedio", podría ocasionar incluso su "disolución".
Así lo anunció, en un comunicado, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia y miembro del consejo de administración de la entidad municipal y firmante de la demanda, Juan Ferrer, quien explicó que las acciones judiciales se derivan del "carácter autoritario y despótico" de los gestores de la empresa.
El representante socialista explicó en rueda de prensa que la interposición de la demanda es consecuencia de que el consejo de administración "no atendió el requerimiento que presentó en el mes de mayo para que convocase de forma urgente una Junta General de Accionistas que solucione la grave situación financiera de la entidad".
Ferrer explicó que la EMT se encontraba entonces "en situación de fondos propios negativos por un valor de 36 millones, reducidos en la actualidad tras una aportación extraordinaria en septiembre". "De acuerdo a la Ley, sólo existen tres soluciones: la disolución, la ampliación de capital y la transferencia", por la que el edil se inclinó.
Consideró, al respecto, que los gestores de la EMT se han comportado con el mismo "carácter despótico" en la elaboración de los presupuestos de 2010, en los que la aportación municipal prevista se reduce en 14 millones de euros, al pasar de los 75 millones presupuestados este año tras sucesivas aportaciones a sólo 61.400.000, la misma cantidad presupuesta inicialmente en este ejercicio y que se ha revelado insuficiente.
HUELGA DE TRABAJADORES
"Y lo mismo ha ocurrido con la huelga que plantean los trabajadores", explicó Ferrer, quien lamentó que los gestores no informaran en el consejo de administración de sus intenciones de "modificar unilateralmente las condiciones salariales de los inspectores y directivos, sin haberlo consensuado antes con los representantes de los trabajadores".
Por ello, el representante socialista emplazó a la dirección de la empresa a atender la petición de los sindicatos, someter la cuestión al Tribunal de Arbitraje Laboral y comprometerse aceptar su dictamen, como única vía posible para evitar la huelga.