Ciudad de la Justicia de Valencia
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 28 noviembre 2017 15:16

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 18 de València ha rechazado pedir los antecedentes penales y la partida de nacimiento del perito propuesto por algunas defensas en la pieza de Taula relativa al presunto 'pitufeo' del PP en el Ayuntamiento de València. La Fiscalía realizó esta solicitud al sospechar de que se trataba de un ultraderechista que fue condenado en los años 80 a 43 años de prisión por el asesinato de una joven.

Así consta en una providencia, consultada por Europa Press, en la que el juez desestima la petición del fiscal al no considerarla trascendente en estos momentos. Al respecto, recuerda que lo que autorizó fue "únicamente" una diligencia de reconocimiento y comprobación de datos técnicos de una grabación practicada a la exconcejal de Cultura María José Alcón --en la que supuestamente hablaba del blanqueo del PP--, pero no la emisión de ningún informe pericial.

De esta forma, el juez insiste en que no se ha acordado ninguna diligencia que contemple la emisión de ningún informe pericial con objeto concreto, y ha señalado que no se admitirán informes emitidos por encargo de parte sin los requisitos y fuera del procedimiento legalmente establecido en la ley para su propuesta y aceptación.

En este sentido, advierte de que cualquier información pericial que se quiera introducir en la causa "deberá proponerse" al instructor y se llevará a cabo, "de ser útil", por el perito que judicialmente se designe y con las posibilidades colegiadas que la ley permite a las partes.

Por su parte, frente a la petición del fiscal, algunas defensas criticaron que con su solicitud se adivinaba su intención de apartar al perito de la causa "dadas las consideraciones, especulaciones y juicios de valor que de forma tan frívola como audaz" vertía en su escrito de solicitud.

Le recordaban que el perito, tras obtener su rehabilitación, "bien puede acceder a la carrera fiscal, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social". "No cabe duda que quien, por ejemplo, puede ser parte del ministerio fiscal, una vez rehabilitado de su condena puede ser perito en cualquier acto o efecto de la justicia, sin que ello condicione la credibilidad y aptitud en el desarrollo de su cometido", apostillaron.

A juicio de estas defensas, "la desconsideración, rallando el desprecio, hacia la capacidad profesional del perito solo se puede entender desde el desconocimiento de un currículum difícilmente superable, sin olvidar la experiencia acumulada en trabajos de gran repercusión social --caso Bretón o caso Faisán, entre otros--". También ha tenido tareas encomendadas por el Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía y Guardia Civil, alegaron.

GRABACIÓN Y SOLICITUD

Este perito compareció en el juzgado a primeros de noviembre a propuesta de las defensas en relación con la grabación a la exconcejala de Cultura y su hijo en la que supuestamente reconocería el 'pitufeo'. Durante su comparecencia se conoció el nombre del perito y la Fiscalía sospechó que se trataba de Emilio Hellín Moro, quien habría modificado su nombre al de "Luis Enrique".

Hellín Moro estuvo en prisión por el asesinato de Yolanda González, que fue secuestrada, torturada y asesinada por un comando de Fuerza Nueva a las órdenes de Hellín Moro. Por estos delitos fue condenado y pasó algunos años en prisión aunque consiguió huir del país aprovechando un permiso acogiéndose al amparo que le dio el Gobierno de Paraguay. En los años 90 fue deportado a España, cumplió la condena que le restaba y salió en libertad en 1996.

Hellín Moro cambió su nombre --de Emilio pasó a Luis Enrique-- y empezó a dar clases sobre seguridad en distintas administraciones. Llegó como profesor externo al CIFSE municipal de Madrid en 2011, cuando fue contratado para dar un total de 25 horas de clases en dos años.

En la conversación, transcrita e incluida en el sumario de Taula, Alcón afirma que el Partido hizo "una trampa" al darle "1.000 euros en dos billetes de 500", que califica de "dinero negro". "Y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta para blanquear dinero, vamos, corrupción política total", apunta.

Más noticias

Leer más acerca de: