VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha rechazado archivar la causa por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de F1, en la que ha acordado el procesamiento del expresidente de la Generalitat Francisco Camps; ex altos cargos y empresarios, y ve "sorprendente" y "poco seria" la petición formulada en este sentido por el fiscal Anticorrupción, entre otras razones, al ser precisamente este órgano quien presentó la querella inicial que dio lugar al procedimiento.
Así consta en un auto de fecha 23 de mayo en el que la magistrada rechaza la argumentación del ministerio público de la prescripción de los hechos "al no observarse el plazo de 15 años por el delito con pena más grave, el delito continuado del artículo 432.2 del Código Penal (malversación de caudales públicos), tal y como se infiere y corrobora del resultado de las restantes diligencias de instrucción e investigación practicadas".
Además, añade que el contenido del informe de la Intervención General de la Generalitat, donde se señala que no se constatan hechos o circunstancias que permitan apreciar la existencia de un perjuicio económico directo para la Generalitat, evaluable económicamente, derivado de la adjudicación de los expedientes analizados, "no implica ni que no exista perjuicio económico ni menos aún malversación de caudales públicos" y que, por ende, sea de apreciación esa prescripción.
La jueza decidió procesar en este caso a Camps; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. En su resolución de procesamiento, sostiene que Camps "capitaneó" al resto de procesados para obtener un "rédito político y personal" como "máxime artífice" de la F1, un evento de interés mundial.
Además de estos ex altos cargos, el auto de procesamiento se dirigía contra el ex director general de Obras Públicas y más tarde secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui; tres responsables del ente GTP y los empresarios, entre ellos, el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja.
Asimismo, rechaza el recurso de la Abogacía de la Generalitat y mantiene el sobreseimiento provisional acordado respecto a la que fuera asesora del 'expresidente', Belén Reyero, sobre quien esta acusación sostenía que en el proceso no había sido una "convidada de piedra" y pedía su procesamiento.
La jueza cuestiona especialmente el papel ejercido en esta causa por el ministerio público --que inicialmente estuvo representando por el actual magistrado Vicente Torres y en la actualidad por Pablo Ponce-- ya que cree "sorprendente" y "poco serio" que sea precisamente esta parte quien pida el archivo o sobreseimiento provisional fue quien en enero de 2018 formuló la querella, tras un
decreto de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial por los delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad documental contra 12 personas.
Ahora, en cambio, Anticorrupción sostiene que no hay elementos de prueba suficientes para calificar los hechos, a nivel de indicios por esos delitos, ya que además del informe de la Generalitat se constata "una mera irregularidad administrativa". Por tanto, el fiscal concluye que al descartarse el delito continuado de malversación de caudales en su modalidad agravada, solo se les puede atribuir una prevaricación administrativa, que estaría prescrita.
NO PIDIÓ EL INFORME PERICIAL
Sin embargo, según la magistrada, fue el primer fiscal quien inició las diligencias y a quien el Fiscal General del Estado de entonces le trasladó la necesidad de una pericial para determinar las irregularidades, informe que no se acordó ni practicó pese a haber presentado la querella en fecha posterior, lo que hubiera evitado el transcurso del plazo de prescripción que ahora alega.
Además, insiste en que ha sido esta parte quien no pidió declaración de causa compleja y se opuso a la cuestión de prescripción que planteó en su día Camps y que ahora por contra sostiene el segundo fiscal, hasta el punto de que fue precisamente el Abogado de la Generalitat el que interesó finalmente el informe de la Intervención General sobre 12 expedientes, que posteriormente la propia magistrada amplió a 21.
En esta línea, insiste en que "resulta difícil de comprender" que sabiendo el fiscal por la documentación que obra en la causa y las alegaciones de "coste cero" del evento argumentadas por Camps, haya esperado al dictado del auto de procesamiento del pasado 2 de mayo para considerar que no se ha constatado un perjuicio económico evaluable para la entidad pública GTP, con la "justificación" de un informe de Intervención que no ha arrojado un resultado "esclarecedor y trascendente" sobre ese coste.
TESTIMONIO DE COSTA
Asimismo, la magistrada se pronuncia sobre las alegaciones de los procesados en relación con la declaración como testigo del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, cuestionado por varios de ellos, y recuerda que fue precisamente el fiscal Torres quien introdujo esa comparecencia en las diligencias después de que hubiera declarado en Fiscalía, y lo hizo por si los hechos narrados eran constitutivos de delito respecto de las adjudicaciones relacionadas con la construcción del circuito.
Y, de hecho, subraya que el propio fiscal se opuso a las peticiones de sobreseimiento de Rambla. Al respecto, en varias partes de esta resolución, puntualiza que no es a la instructora a quien le corresponde dar mayor credibilidad o verosimilitud a su versión sino al órgano que enjuicie los hechos --también en cuanto a la participación del procesado Mayor Oreja, con datos contenidos en los 'papeles de Bárcenas'--.
"ABOGACÍA DEL TRIPARTITO"
La magistrada rechaza entrar a valorar las alegaciones del abogado de Camps --que hace referencia a la "Abogacía de la Generalitat del tripartito" o que ese abogado está "mediatizado por la presión insuperable que contra él ejercen quienes gobiernan la Abogacía" y recuerda ante la "alabanza" a la petición de sobreseimiento del fiscal que fue precisamente esa parte quien se querelló contra su patrocinado.
