VALENCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo social número 11 de Valencia ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPV) dos resoluciones en las que cita a la Fundación de la Comunidad Valenciana Centro Reina Sofía para el Estudio de Valencia, que se halla en "ignorado paradero", a comparecer en sede judicial por diversos litigios con antiguos trabajadores de la entidad.
La publicación oficial, consultada por Europa Press, da a conocer este viernes dos cédulas de citación del juzgado para el próximo día 30 de noviembre por sendos expedientes iniciados a instancias de dos exempleadas del Centro Reina Sofía, una subdirectora y una analista, por reclamaciones por despido y ceses en general, según detalla uno de estos anuncios.
Así, se cita a comparecer a algún representante del Centro para el Estudio de la Violencia, que dirigió el profesor José Sanmartín, al acto de conciliación y, en su caso, a juicio. Asimismo, se advierte de que, en caso de no presentarse, "podrán ser tenidos por confesos con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes".
Igualmente, avisa de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Ambos expedientes están abiertos también contra la Fundación de la Comunidad Valenciana Universidad Internacional de Valencia, la VIU, de la que también fue rector Sanmartín.
El patronato del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, dedicado a realizar estudios de ámbito nacional sobre la violencia ejercida contra la infancia y las mujeres, decidió el pasado mes de julio la extinción de la entidad por "no ser posible su continuidad y viabilidad económica", según explicaron entonces a Europa Press fuentes de la Generalitat, que formaba parte del patronato con un representante junto a otras tres personas ajenas a la administración.
Desde el Gobierno valenciano enmarcaron la decisión en el plan de reestructuración del sector público que se está llevando a cabo para mejorar la eficiencia de los recursos. En este sentido, defendieron que existía una "duplicidad de objetivos y fines" entre el Centro Reina Sofía y la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, que ya realiza labores de estudio, prevención y asistencia a través de la Dirección General de Familia y Mujer y de la fundación Favide.
PLAN REDUCCIÓN SECTOR PÚBLICO
Las mismas fuentes recordaron que ya en 2010 el entonces conseller de Economía, Gerardo Camps, anunció un plan de reducción del sector público que incluía, entre otras medidas, la fusión en una única entidad de la Fundación de Atención a las Víctimas del delito (Favide), Tolerancia Cero y el propio Centro Reina Sofía.
Tanto el patronato de Favide como el Tolerancia Cero aceptaron los acuerdos de fusión y pusieron en marcha los trámites administrativos correspondientes para que se produjera la operación mientras que, por contra, el Centro Reina Sofía no adoptó dicho acuerdo y decidió seguir por su cuenta.
En 2011, según las mismas fuentes, se presentó una cuenta de resultados en la que quedaba patente que el centro no tenía "ni actividad ni gastos de personal", por lo que, "dentro del proceso de reestructuración del sector público, tanto de empresas públicas como de fundaciones, que desarrolla el Consell para hacer más eficiente el uso de los recursos" se acordó, junto con el resto de miembros del patronato, la extinción de la fundación.
