CASTELLÓ, 9 Feb. (EUROPA PRESS) - -
El juzgado de instrucción número 4 de Castellón ha admitido la personación del PSOE como acusación popular en la causa que investiga si el expresidente de la Diputación Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.
Así, en un auto dictado por el juez Jacobo Pin el 4 de febrero, se admite la personación del partido político en ejercicio de la acción popular, quedando condicionada la misma a la prestación de una fianza por importe de 3.000 euros.
El juez afirma que es "pertinente" acceder a la petición de personación del PSOE, atendiendo al momento procesal en que se solicita, al objeto del procedimiento y a la naturaleza de la organización que solicita ser parte, un partido político.
Según el auto, puede admitirse que el interés legal del PSOE en personarse es en salvaguarda de "los intereses generales que se ven afectados por la indubitada trascendencia social de los hechos investigados, que atentan a parámetros fundamentales que conforman la línea de flotación de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y a la dignidad de los ciudadanos".
Por otra parte, el juez desestima las alegaciones formuladas por el presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, investigado en esta causa, en las que se oponía a dicha personación, y señala que no pueden ser atendidas "puesto que se trata de meras alegaciones de parte, exponiendo una serie de supuestos requisitos internos del partido político interesado, con referencia a sus propios Estatutos, sin indicar qué extremo concreto de estos se incumple con la presente solicitud de personación".
El juzgado de instrucción número 4 de Castelló abrió esta causa contra Carlos Fabra en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.
La investigación trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.
El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.
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