ALICANTE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, ha asegurado que el servicio de recogida y tratamiento de basura del municipio está "desbloqueado" y "se está prestando con total normalidad", después de que el empresario Ángel Fenoll decidiera este miércoles cerrar la entrada de basura de Orihuela al vertedero de La Murada-Abanilla, al alegar un impago por parte de la UTE de recogida de residuos.
Mónica Lorente ha realizado estas declaraciones a Europa Press durante su estancia en Fitur 2011, donde ha indicado que el Ayuntamiento "ha hecho una contundente advertencia del cumplimiento del contrato" a la empresa de recogida de basura, porque "el consistorio tiene que cumplir y responder ante sus ciudadanos".
Así mismo, el consistorio oriolano ha indicado a través de un comunicado que "a día de hoy", el servicio de recogida "se está prestando con total normalidad".
"En caso de que se produzca cualquier deficiencia en el citado servicio, el Ayuntamiento actuará de una forma contundente, adoptando las medidas necesarias y velando por el cumplimiento del actual contrato, como ya ha informado mediante notificaciones a la UTE en fechas 17 y 20 de enero", señala el escrito.
El Ayuntamiento ha destacado que mantiene un contrato con la UTE por la que ésta se compromete a la "recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos, así como de limpieza viaria" y que "conlleva la obligación de la concesionaria de depositar los residuos sólidos procedentes de la recogida en una planta autorizada".
El Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que regulaban la licitación, así como el contrato firmado con el Ayuntamiento, establecen "con absoluta claridad" que es la empresa concesionaria "la obligada a realizar las tareas de eliminación de residuos, como así consta en los pliegos de condiciones mencionados anteriormente", según el consistorio.
En este sentido, el Ayuntamiento de Orihuela ha concedido "un plazo de diez días a la empresa concesionaria para que aporte cuanta documentación estime procedente para justificar su capacidad para gestionar el servicio". En caso de que la justificación no sea adecuada, el Ayuntamiento "procederá, con absoluta contundencia, utilizando los mecanismos previstos en la ley de contratos".
