CASTELLÓN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal solicita un año de prisión para un hombre al que acusa de un delito de desobediencia por quitarse el dispositivo tecnológico de detección de proximidad respecto de su excompañera sentimental, ya que un juzgado dictó un auto de medidas de protección que establecía una orden cautelar de alejamiento de la mujer en el seno de unas diligencias seguidas por un delito de violencia de género.
Éste es el primer escrito de acusación formulado en la Fiscalía de Castellón por delito de desobediencia relacionado con el control telemático de las órdenes de protección, y fue la única incidencia que se tuvo en 2009 relacionada con dichos mecanismos. El juicio será ante un juzgado de lo penal y no existe fecha, según ha informado el ministerio público.
El escrito de conclusiones provisionales del fiscal indica que el acusado tenía perfecto conocimiento de que en el seno de las diligencias urgentes número XX/09 del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Castellón, seguidas por delito de violencia de género, se había dictado un auto de medidas de protección, de fecha 19 de octubre de 2009, en cuya parte dispositiva se le prohibía cautelarmente acercarse a menos de 200 metros de la que había sido su compañera sentimental durante la sustanciación de la causa y se había acordado la implantación del sistema tecnológico de detección de proximidad.
Al procesado se le colocó el dispositivo el día 21 de octubre de 2009 y se le informó del mecanismo de funcionamiento del mismo, así como las obligaciones de responder a las llamadas que recibiese, de la obligación de cargar la batería del transmisor y de la obligación de conservar en buen estado los mecanismos entregados.
A las 19.43 horas del día 22 de octubre de 2009, con "absoluto desprecio" a la autoridad judicial, procedió a quitarse el dispositivo tras romper los pernos de sujeción, por lo que saltó la señal de trasgresión en el Centro de Control "COMETA" y quedó el dispositivo inutilizado. Los elementos que componen el sistema de seguimiento telemático tienen un valor de 5.000 euros.
Además de la petición de prisión, el fiscal solicita que el acusado sea condenado a indemnizar al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con 5.000 euros, con los intereses legales correspondientes.