Plataforma por la reversión del Vinalopó rodeará el hospital con una cadena humana tras una manifestación el 18 de mayo

La Plataforma por la reversión del Vinalopó rodeará el hospital con una cadena humana el 18 de mayo
La Plataforma por la reversión del Vinalopó rodeará el hospital con una cadena humana el 18 de mayo - PLATAFORMA POR LA REVERSIÓN DEL VINALOPÓ
Publicado: lunes, 6 mayo 2024 13:40

   ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó ha convocado a la ciudadanía de Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes a manifestarse el próximo 18 de mayo para exigir la reversión a la gestión pública del Departamento de Salud Elche/Elx-Crevillent, donde está previsto rodear el centro hospitalario con una cadena humana.

   La manifestación está convocada el sábado 18 de mayo, a las 10.00 horas en la plaza de Las Chimeneas, y discurrirá por la Avenida de la Libertad, Avenida Alcalde Ramón Pastor y calle Tonico Sansano Mora hasta llegar al Hospital Vinalopó.

   Así lo han informado este lunes en una rueda de prensa en Elche (Alicante), en la que han realizado una performance en la pasarela peatonal que cruza el río para "escenificar la división injusta de modelo sanitario que padecen los vecinos y vecinas de este departamento de salud", según ha indicado la plataforma en un comunicado.

   La manifestación se suma a las reivindicaciones que lleva a cabo la plataforma, desde su creación hace unos meses, para exigir al gobierno de la Generalitat que asuma la gestión pública de la sanidad de esta parte de la población a partir del año que viene, que es cuando acaba el contrato con la empresa concesionaria, Ribera Salud.

   Paqui Ortiz Bustos, integrante de la plataforma y representante del movimiento vecinal del barrio ilicitano del Toscar, población que "padece las consecuencias de este modelo de gestión privatizada", ha señalado que no entienden "por qué de los 24 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, solamente este se queda en manos de una empresa privada".

   "Teníamos cinco departamentos de salud con este tipo de gestión privatizada de la sanidad, la Generalitat Valenciana ha asumido la gestión pública de todos ellos excepto del nuestro. No lo entendemos y no compartimos que se quede una isla de la población con este modelo de gestión privada lo que nos convierte en ciudadanía de segunda frente a las personas que disfrutan de una sanidad cien por cien pública", ha aseverado.

   En la misma línea se ha expresado Agripa Hervás, integrante de la plataforma y vecino de Aspe, quien ha lamentado que Elche es "la única ciudad del estado español donde la mitad de la población recibe una clase de atención sanitaria distinta a la del resto de ciudadanía en función de su código postal".

   "La postura del Gobierno valenciano es incomprensible y avalan llevar a cabo una prórroga del contrato a la empresa concesionaria con unos supuestos informes y/o auditorías que hemos pedido como plataforma y no nos los hacen llegar, seguramente porque no existen", ha acusado.

   Por ello, la plataforma ha animado a la ciudadanía a participar de la manifestación del día 18 de mayo en Elche, tanto a los usuarios de este departamento de salud como a aquellos que no lo son, para "hacer cambiar de postura al Gobierno valenciano y que corrija esta desigualdad de trato".

DUDAN DE LA LEGALIDAD DE LA PRÓRROGA

   La plataforma ha reiterado los motivos por los que reivindican la reversión, entre los que han citado las "demoras de más de un mes" en atención primaria, los "constantes cambios" de facultativos debido a la rotación de personal o la "incompatibilidad del sistema informático de Ribera Salud con la red pública de salud valenciana que hace imposible acceder al historial médico de los pacientes".

   Igualmente, han mencionado "la falta de especialistas, las demoras de hasta un año en las citas para una especialidad, los recortes en las plantillas y la situación de saturación que sufren los profesionales", entre otras cuestiones.

   La plataforma también ha vuelto a poner en duda la legalidad de la posible prórroga del contrato, al entender que "jurídicamente no está claro que se pueda llevar a cabo dado que la inversión de la empresa ya está amortizada tras los 15 años de contrato".

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