El pleno de octubre del Ayuntamiento de Orihuela da cuenta de la sentencia que da la razón a Urbaser

ALICANTE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Contratación del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), Asunción Mayoral, ha adelantado este jueves que el pleno ordinario de octubre "dará cuenta de un requerimiento enviado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Elche que insta al Ayuntamiento a proceder de inmediato a la ejecución de la sentencia" que le da la razón a Urbaser, que optaba a la contrata de basuras del municipio.

El juzgado insta al consistorio a que ejecute la sentencia, dictada por el mismo tribunal el 15 de julio de 2009, confirmada por otra sentencia del TSJ el 11 de mayo de 2011, por la que se anulaba el acuerdo plenario de la declaración de desierto del concurso de recogida de residuos y limpieza viaria de Orihuela.

"Anulaba el acuerdo por ser contrario a derecho y declaraba a Urbaser adjudicataria del contrato", ha recordado Mayoral, quien ha señalado el requerimiento advierte de que "ambas sentencias son firmes y el Ayuntamiento debe cumplirlas". De este modo, el pleno votará el envío de una solicitud al juzgado competente para que determine "en qué y cómo se va a dar cumplimiento a la sentencia".

Mayoral ha recordado que con "los votos de los concejales del PP de la anterior legislatura, se adoptó el acuerdo de declarar desierto el concurso de adjudicación del servicio de recogida de basuras, alegando que existía en la tramitación del proyecto oscuridad". Además, ha opinado que "para llegar a tal acto, se inició un procedimiento, no oscuro, sino el más tenebroso que se conoce en la historia de la ciudad de Orihuela".

Además, ha expuesto que una empresa de Murcia defendió los intereses del Ayuntamiento en este procedimiento judicial. El procedimiento para contratar esta asesoría jurídica se inició el 4 de diciembre de 2008 "con una providencia de David Costa --exconcejal de Contratación--, en la que se proponía hacer un contrato a la consultora que iba a defender los intereses del Ayuntamiento en el procedimiento", ha explicado la edil.

La edil ha asegurado que este contrato "nunca se adjudicó a ninguna empresa por no constar el preceptivo informe del interventor" pero aun así "la empresa ha trabajado para el Ayuntamiento durante varios años y cobrado sus honorarios por adelantado, que ascienden a 41.000 euros".

"Estamos pendientes de que se produzca un hecho que ha pasado inadvertido y es que la sentencia del TSJ condena al Ayuntamiento a pagar las costas judiciales", ha añadido, al tiempo que ha explicado que esto implica que el Ayuntamiento "deberá abonar los gastos de abogados y procuradores de la parte contraria, en este caso Urbaser", que podrían ascender "incluso a cientos de miles de euros".

"No vamos a cesar en el empeño de exigir la responsabilidad personal y patrimonial de los concejales del equipo de gobierno anterior y que han llevado a Orihuela a esta situación", ha advertido.