ALICANTE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Policía ha solicitado al titular del juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada, que libre mandamientos a 17 entidades financieras para que aporten documentación relativa a las cuentas bancarias y los movimientos registrados en ellas entre noviembre de 2006 y julio de 2013 de la familia del exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que sospecha que Díaz Alperi pudo recibir sobornos por parte del constructor Enrique Ortiz, considera "esencial" esa medida para obtener pruebas que permitan "esclarecer la financiación del pago de los inmuebles" de los hijos del ex primer edil. Así se recoge en un informe que los investigadores han elaborado en el marco de la pieza separada del 'caso Brugal' relativa a supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Ese informe, fechado el pasado 16 de diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, atribuye a Ortiz el pago de sobornos por un importe superior a los 230.000 euros al exalcalde. Ambos están imputados en esta causa judicial junto a la exalcaldesa Sonia Castedo, antiguos directivos de Bancaixa y la CAM, empresarios, abogados y el arquitecto responsable del PGOU, de entre un total de 19 personas.
Los agentes también sospechan que Díaz Alperi pudo ser uno de los destinatarios de otros 150.000 euros extraídos el 24 de octubre de 2008 de una cuenta de Banco de Valencia que fueron entregados posteriormente a María Manuela Carratalá, la esposa del empresario implicado y también encausada en las diligencias.
Los investigadores describen dos "operaciones de cohecho" en las que implican a Ortiz, Díaz Alperi y diversas personas del entorno del primero que habrían actuado como intermediarios. La Policía ha concluido que el empresario pagó al exalcalde 174.007 euros para "compensar el precio pagado" por su hija, la diputada autonómica Elisa Díaz, por un bungaló.
Por otro lado, la UDEF atribuye al también ex diputado en las Corts por el PP el cobro de un soborno en efectivo de 60.000 euros que la esposa de Ortiz le habría dado presuntamente en julio de 2009.
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
A fin de recabar pruebas que refrenden su hipótesis, los agentes plantean en su informe una "propuesta de investigación" que incluye un minucioso análisis de "todas las cuentas bancarias, depósitos de valores, títulos, acciones, deuda pública, cajas de seguridad u otros activos financieros", estén o no actualmente cancelados en los que figuren como titulares o autorizados Díaz Alperi, su mujer Elisa y sus tres hijos.
La Policía pretende conocer los movimientos que se hayan producido en el marco de esos activos "entre el día 1 de noviembre de 2006 y el 1 de julio de 2013", así como indagar en los préstamos hipotecarios a los que la familia haya accedido o los cheques o pagarés que hayan manejado sus miembros.
Los agentes destacan en su escrito el "gran interés" que muestra Ortiz en varias conversaciones telefónicas intervenidas por las viviendas de los hijos del exalcalde, sobre todo por la compraventa del inmueble de Elisa Díaz, sin que exista motivo "legítimo" para ello.
Tanto la actual diputada autonómica del PP como sus hermanos vivieron un tiempo de alquiler en tres bungalós vinculados inicialmente a una empresa participada por el promotor, Viviendas del Mediterráneo Orvi SL, hasta que ésta los vendió a otra sociedad, Jacobriz SL.
Díaz Alperi y Elisa Díaz han negado este jueves las afirmaciones contenidas en el informe policial. El primero ha llegado incluso a calificar ese documento de "brutal mentira", "demencial" y una "barbaridad inventada por la Policía" que le produce "ganas de devolver". Su hija, por su parte, ha alegado que se paga su hipoteca y que, de hecho, le quedan "muchos años por pagarla.
