Imagen de un festival en la Ciudad de las Artes y las Ciencias - REMITIDA LABORATORIO DE COMUNICACIÓN
VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los colectivos PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR --en representación de sus asociaciones y de los promotores de los festivales que se celebran en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València-- reclaman una reunión "urgente" con la alcaldesa, la Generalitat y el propio complejo de ocio para "abordar de manera conjunta una solución seria, conjunta e inmediata que, dos semanas después, sigue sin llegar".
Así lo expresan en un comunicado conjunto después de que un juez haya ordenado al consistorio valenciano adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en esta zona vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, incluyendo la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.
En este sentido, las asociaciones advierten de que "la falta de respuesta mantiene en una situación de incertidumbre a más de 80.000 compradores de entradas, a 8.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a estos eventos y a los propios promotores, que continúan sin ser recibidos por las administraciones implicadas pese a la dimensión económica, laboral, turística y cultural del problema".
Según trasladan las entidades firmantes del comunicado, "están en juego 40 millones de euros de impacto directo en la ciudad de València, además de 2 millones de euros de recaudación para CACSA y miles de puestos de trabajo asociados a la celebración de estos grandes festivales".
A su juicio, esta situación "pone en entredicho la marca proyectada por el Ayuntamiento como 'Valencia Music City', así como el modelo de turismo musical y de festivales que la Generalitat viene presentando como una referencia en España".
En la misma línea, las asociaciones subrayan que "no está en juego únicamente la celebración de unos eventos concretos, sino también una parte relevante del ecosistema de actividades musicales y culturales que contribuye a la identidad, la proyección exterior y la capacidad de atracción de València".
CADENA DE VALOR CULTURAL
"Los festivales forman parte de esa cadena de valor cultural e industrial que genera actividad durante meses, moviliza a artistas, técnicos, proveedores y empresas auxiliares, y refuerza a València como una plaza capaz de acoger grandes propuestas musicales", sostienen los promotores, que, por ello, consideran que "prolongar esta indefinición supone dañar no solo la economía vinculada al sector, sino también la credibilidad cultural de la ciudad".
Para estas entidades, tanto la sentencia judicial como la comunicación remitida por el Ayuntamiento de València a CACSA "no impiden por sí mismas la celebración de los festivales, sino que plantean su desarrollo bajo el cumplimiento de la normativa acústica".
En este punto, los promotores hacen notar que no han recibido ninguna notificación por parte de CACSA que prohíba la realización de los eventos en caso de que se garantice ese cumplimiento. Por ello, dicen, "los festivales continúan programados, con el objetivo de trasladar tranquilidad a los compradores de entradas mientras no exista una instrucción formal en sentido contrario".
Las asociaciones y los promotores afectados remarcan que "han seguido trabajando durante estas dos últimas semanas, incluidos los días festivos, para tratar de avanzar en una salida consensuada". Sin embargo, lamentan que la reunión prevista con el consistorio para el pasado 7 de abril "fuera cancelada días antes por el Ayuntamiento, según se les comunicó, por problemas de agenda".
Ante esta situación, PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR insisten en la necesidad de que "todas las partes implicadas se sienten de manera inmediata para encontrar una solución conjunta que permita dar certidumbre al sector, proteger el empleo, preservar la actividad económica asociada a los festivales, defender su dimensión cultural e industrial y evitar un mayor deterioro de la imagen de València como destino musical y cultural".
"Resulta incomprensible que, con más de 80.000 asistentes afectados, 8.000 trabajadores pendientes y decenas de millones de euros en juego, las administraciones sigan sin sentarse con el sector para buscar una solución seria, conjunta e inmediata", concluyen.