ALICANTE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un promotor inmobiliario ha sido condenado a seis años de prisión por estafar cerca de 670.000 euros a siete matrimonios británicos a los que vendió otras tantas viviendas que nunca se llegaron a construir en una parcela del término municipal de Sagra, en la provincia de Alicante.
La sentencia, dictada por la sección tercera de la Audiencia de Alicante, absuelve del mismo delito a otros dos empresarios, entre ellos el propietario de los terrenos.
Los hechos se remontan al verano de 2004, cuando el promotor alemán Heinz Michael W. vendió a través de su empresa, Michael Wilfert Oasis Verde SLU, siete casas con trastero a otras tantas parejas británicas que debían construirse en un complejo urbanístico denominado Oasis Verde.
El 18 de abril de 2005, este empresario remitió una carta a los compradores en los que les comunicaba que había obtenido la licencia de urbanización, lo que era falso. De hecho, el acusado sabía que era "altamente improbable" que pudiera construir, "o incluso comenzar" la edificación de las viviendas en el plazo establecido, señalan los magistrados en su fallo.
Los inmuebles debían entregarse a los compradores, según lo establecido en los contratos, a lo largo del segundo trimestre de 2006. Pero la licencia urbanística estaba supeditada a una serie de exigencias administrativas en temas como el de recursos hídricos que no dependían de la voluntad del vendedor.
Según la Audiencia, Heinz Michael W. "no solo ocultó a los compradores esta circunstancia, sino que expresamente hizo constar en los contratos que estaba promoviendo un conjunto residencial sobre una parcela cuando en realidad no había programa de actuación, ni proyecto de urbanización y el terreno estaba pendiente de reparcelación".
"ENRIQUECERSE"
A juicio de la sala, el empresario actuó así "para enriquecerse con el dinero que los compradores le entregaban", cantidades que van desde los 57.594 a los 131.280 euros y que suman un total de 668.723 euros.
El ahora condenado vendió las participaciones de su empresa en diciembre de 2006 a los otros dos acusados, entre los que se encontraba el propietario de los terrenos y su firma Comercial Montys SA, donde se proyectaban las viviendas y la que iba a realizar la labor urbanizadora.
Ante la imposibilidad de construir las casas, el dueño ofreció a los perjudicados que las cambiaran, mediante pagos adicionales, por otras en Benidoleig, pero ellos no aceptaron la propuesta. Para la Audiencia, no hay pruebas de que este último empresario y otra acusada estuvieran al tanto de la estafa, ya que los propios perjudicados han declarado "de forma unánime" que la única persona con la que trataron fue Heinz Michael W.
