UGT denuncia que Servicios Sociales quiere privatizar "al menos" siete centros de menores en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado este miércoles que la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia tiene previsto "trasvasar" la gestión de "al menos" siete centros de menores de la Comunitat Valenciana a manos privadas, "con el consiguiente desplazamiento del personal público a otras unidades y la merma de la calidad asistencial".

El sindicato ha asegurado en un comunicado que esta decisión supone un "cambio de rumbo" en el modelo de gestión de esos centros de menores de la Generalitat que pasarán de un modelo mixto a la gestión "integral" privada.

La organización sindical ha explicado que dirigió el mes pasado un escrito a la Conselleria de Servicios Sociales en el que exigía información "detallada" al tener conocimiento de actuaciones para "trasladar, modificar o reasignar" más de 70 puestos de trabajo de diferentes categorías (auxiliar de mantenimiento, cocina, dirección de centro, personal subalterno, vigilantes, educación social y taller) adscritas a diversos centros de menores de València a otros destinos.

En concreto, ha asegurado que la Conselleria había contactado "de forma individual" con personal empleado público de varios centros con el fin de "recabar su conformidad para hipotéticos cambios de adscripción", en un proceso "que se estaba realizando evitando deliberadamente a las organizaciones sindicales".

"Estos centros, de titularidad pública, tienen externalizados algunos servicios como tareas organizativas, asistencia y seguimiento educativo, pero no tienen una gestión integral privada y el personal privado convive con el público", ha advertido.

Fruto de esta denuncia, el sindicato fue convocado a una reunión el pasado 1 de abril, un encuentro en el que la Conselleria de Servicios Sociales "confirmó que un total de cinco centros de menores en la provincia de Valencia y dos en la de Castelló pasarán a ser gestionados por entidades privadas".

Los centros de Valencia afectados son los de acogida de Campanar, Xiquets y Xics; la Colònia Sant Vicent Ferrer, el centro de menores de Cabanyal y la Residencia Juvenil Mislata II. El sindicato avisa de que el proceso de privatización está "muy avanzado" ya que se están "ultimando" los pliegos de condiciones para la licitación y posterior adjudicación.

80 TRABAJADORES

En el caso del centro Xiquets, el personal público ya ha sido "reubicado". En total, según las estimaciones del sindicato, alrededor de 80 trabajadores y trabajadoras públicas, incluidos puestos de dirección, "serán trasladados de modo que ya no habrá plantilla pública en estos espacios".

En la reunión, la Conselleria de Servicios Sociales "se comprometió con las organizaciones sindicales a informarles sobre la reubicación de efectivos una vez se vayan aprobando los pliegos". Además, ha añadido que la administración "mantiene que no habrá amortización de puestos de trabajo".

El sindicato considera que estas actuaciones de "reubicación" de personal "exceden de las potestades de autoorganización de la administración ya que el Consell las utiliza para vaciar servicios públicos y entregar su gestión a terceros". UGT teme que este nuevo modelo "rebaje las garantías y los mecanismos de supervisión que ofrece la gestión pública" y subraya que, en el ámbito de la infancia tutelada, "cualquier recorte de control público puede tener consecuencias graves sobre los derechos y la protección de los menores".

UGT PV muestra su rechazo al cambio de modelo ya que supone "menos control público y más opacidad en un ámbito donde las garantías deberían reforzarse, no relajarse". "La lógica del beneficio y del recorte de costes empuja a plantillas más precarias, mayor rotación y menos recursos educativos y terapéuticos, lo que deteriora la calidad y la continuidad de la atención a los niños y niñas tutelados", ha recalcado Paco Chapa, responsable de servicios sociales públicos del sector de Autonómicas de UGT Serveis Públics PV.

Además, denuncia que esta privatización "desvía recursos públicos hacia empresas privadas y genera una red de centros con estándares desiguales y responsabilidades difusas, lo que debilita el compromiso directo de la administración con la protección de la infancia y los menores".

"REGULARIZACIÓN"

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia se asegura que "en ningún caso" se está produciendo un proceso de privatización de los centros de menores sino que se está llevando a cabo "una actuación necesaria para regularizar su situación administrativa, jurídica y laboral tras años de inacción".

La Conselleria detalla que tiene previsto sacar a licitación los contratos de gestión "de aquellos centros cuyos contratos se encontraban caducados, una situación que se prolongaba en algunos casos desde 2017". "Esta anomalía generaba un escenario de inseguridad jurídica para las entidades gestoras, que operaban en una situación de enriquecimiento injusto, así como un perjuicio directo para las condiciones laborales de los trabajadores", desfienden desde este departamento.

Con el objetivo de abordar esta y otras cuestiones que afectan a los centros de menores, confirman que representantes de la Conselleria mantuvieron una reunión el pasado 1 de abril con los sindicatos con representación en la administración, en la que se informó "con total transparencia" de las actuaciones previstas y señalan que en el encuentro se les explicó que los nuevos contratos "deben ordenar adecuadamente al personal que presta servicio en los centros".

"Esta regularización responde a criterios estrictamente legales, dado que la normativa vigente no permite modelos mixtos en los que convivan, en un mismo centro, personal funcionario adscrito a la Administración junto a trabajadores dependientes de entidades gestoras", recalcan desde la Conselleria.

Por tanto, defienden que las medidas adoptadas buscan "adecuar la organización de los centros a la legalidad, garantizando una estructura coherente y jurídicamente segura" y señalan que se trata de "una ordenación del personal y actualización contractual que corrige una situación heredada tras años de falta de actualización administrativa".

Asimismo, subrayan que el proceso "se está desarrollando con total transparencia, con garantías para los trabajadores y con diálogo con las organizaciones sindicales" y garantizan "que no se produce amortización de puestos de trabajo, sino una reordenación conforme a la normativa vigente".