València destinará un millón a reforzar personal para la regularización y exigirá el pago al Gobierno

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha avanzado que el Ayuntamiento calcula que destinará más de un millón de euros en reforzar el personal municipal para el proceso de regularización de migrantes, auxiliares administrativos y trabajadores sociales que se contratarán a partir de este viernes mediante bolsa, y ha advertido que reclamarán al Gobierno este importe por “todas las vías”.

Tras mantener una reunión con los servicios municipales del Padrón y Servicios Sociales, un día después de iniciarse la atención presencial para este proceso, Catalá ha achacado el “colapso monumental” generado en los ayuntamientos a la “falta de información y planificación” por parte del Gobierno y ha lamentado la “inseguridad” en la que quedan los migrantes y los trabajadores municipales.

Ante esta situación, y “el riesgo más que evidente de que el colapso se agrave en los próximos días”, ha garantizado que el Ayuntamiento de València reforzará los servicios implicados mediante la contratación de auxiliares administrativos y trabajadores sociales.

Inicialmente, ha indicado que el proceso comenzará este viernes con la contratación de diez trabajadores sociales y unos 29 administrativos mediante bolsa, aunque ha advertido que este proceso “no se va a resolver en dos semanas ni en dos meses”, sino que prevé que “estas personas van a estar como mínimo un año en esta administración”.

La primera edil ha hecho hincapié en que el consistorio estudiará “todas las vías” para reclamar al Gobierno el pago de estas contrataciones, que ha estimado en un coste “anual” de un millón de euros. “Si hay un principio de lealtad financiera para las autonomías, también lo debe haber para los ayuntamientos y se debe de cumplir”, ha recalcado.

Según ha explicado, ese dinero irá destinado a reforzar todos los trámites que se realizan en el padrón y el registro y los servicios sociales municipales. Ha aclarado además que las personas que se contraten “reforzarán lo que sea necesario reforzar”, independientemente de que tenga que ver o no con el proceso de regularización, ya que todos los trámites tienen “el mismo derecho a tener la misma diligencia”.

"DESPROPÓSITO"

Respecto al proceso, ha vuelto a denunciar que es “un despropósito y una vergüenza" que el Gobierno “no ha contado con los ayuntamientos” previamente para que puedan atender a “personas con muchas dudas, con dificultades incluso de expresarse o que vienen con maletas o con documentos que no son los que corresponden”.

Ha criticado especialmente que la secretaría de Estado de Migraciones enviara el pasado viernes por la tarde una carta “solicitando ayuda in extremis a los ayuntamientos” para el procedimiento, así como que en la reciente Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) –en la que participó en Madrid como portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)-- “en ningún momento” se habló de este proceso.

“Los ayuntamientos estamos trabajando a ciegas, sin información clara y eso está perjudicando nuestro funcionamiento ordinario. Cualquier persona que viene a hacer un trámite ordinario está sufriendo colas, demora, una situación de colapso”, ha expuesto.

Además, ha recordado que el Consejo de Estado ya emitió un informe sobre el decreto de regularización del Gobierno donde advirtió que “falta un marco claro de actuación a la situación de vulnerabilidad”. Ha alertado que esto tendrá consecuencias tanto para las entidades sociales como para los potenciales beneficiarios, “que quedarán expuestos a un régimen de inseguridad indefinido”.

En concreto, se ha quejado de que el decreto “conecta la situación de irregularidad con la de vulnerabilidad”, por lo que se ha preguntado “por qué se exige un certificado de acreditación de irregularidad”. También ha señalado que la emisión de este documento por parte de los servicios sociales requiere de “un conocimiento contrastado de la situación de irregularidad” de las personas migrantes, lo que considera que genera “mucha incertidumbre e intranquilidad” a los trabajadores.

Otra de sus críticas es la “confusión” generada al decir primero el decreto que hay “un modelo específico para acreditar la vulnerabilidad” y después la secretaría de Estado “enviando una carta a la gente diciendo que ese modelo no es obligatorio”. “¿En qué quedamos?”, se ha preguntado.

"ESTAMOS TODOS LOS AYUNTAMIENTOS IGUAL"

Catalá ha asegurado que lleva días contactando con ayuntamientos de otras grandes ciudades y están “todos igual”, por lo que ha anunciado que enviarán una carta exigiendo “aclaraciones”. Se ha preguntado además “si el Gobierno va a aportar recursos y financiamiento para esta labor extraordinaria” por parte de los ayuntamientos.

En el caso de València, ha destacado la decisión de no establecer “un lugar alejado con colas y con personal fuera de la administración local” para este proceso, sino hacerlo en el propio consistorio, cuando ha indicado que se podría haber derivado a Feria Valencia. “La vocación de este ayuntamiento es que estas personas tienen derecho a ser atendidas con todos los técnicos de la casa para intentar ayudarles al máximo posible”, ha subrayado.

Por otro lado, cuestionada por su afirmación de este pasado lunes de que hay “ayuntamientos socialistas” del área metropolitana que están derivando a personas a València porque dicen que allí no hacen empadronamientos especiales”, Catalá ha remarcado que por “lealtad institucional” no va a “señalar a nadie” ni concretar qué municipios son, pero ha insistido en que tiene constancia de que “eso está pasando”.