Rubio presenta 35 alegaciones a este pliego y denuncia que la planificación "quede en manos de los agentes privados"
VALENCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, denunció hoy que las Bases Reguladoras de la Gestión Indirecta de los Planes de Actuación Integrada (PAIs) de la ciudad aprobadas por el consistorio en el pleno del mes de julio "van en contra de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y no responden a las necesidades reales de los ciudadanos".
Rubio realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que dió a conocer las 35 alegaciones que el grupo municipal socialista presentó a este pliego y criticó el Ayuntamiento "deje en manos de los agentes privados" la planificación urbanística de la ciudad, "cuando es una materia que corresponde al consistorio".
En este sentido, aseveró que actualmente "son los agentes privados los que elaboran la planificación y dan la alternativa y es el Ayuntamiento quién da el visto bueno, cuando esto tendría que ser al revés y ser los agentes privados los que actuaran subsidiariamente". Añadió que en este tema "sólo se ha salvado el Parque Central y el PAI del Grao, porque son asuntos públicos".
En las Bases Generales Reguladoras de la Gestión de los PAIs se crean las llamadas Mesas de Programación con el fin de decidir a quién se le otorga la gestión de los PAIs, compuestas por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y cuatro funcionarios del Ayuntamiento elegidos por mayoría del pleno municipal.
A este respecto, Rubio apuntó que "es la Mesa de Programación la que tiene todas las facultades de gestión urbanística y quita al pleno todas las competencias" y añadió que "el pleno puede modificar el acuerdo de la Mesa, pero la empresa adjudicataria del PAI no tiene obligación de asumir lo dicho en el pleno haya dicho".
Según indicó, "esto va en contra de la LUV, porque éste establece que el pleno ha de pronunciarse hasta en tres ocasiones: cuando se plantea la alternativa técnica, en el momento en que se decide la proposición jurídico económica y en la aprobación definitiva".
"INCOMPATIBILIDAD"
Por otra parte, el portavoz socialista también subrayó "la incompatibilidad entre quienes elaboran los documentos de planificación en el Ayuntamiento y quienes ejecutan los planes".
Explicó que, en las Bases aprobadas por el Ayuntamiento se dice que "a quién se le encarga la redacción de los documentos de planificación, no puede luego presentarse ni solo ni en compañía para planificar aquello que conocen, lo que no es normal ni lógico".
El estudio de viviendas fue otro motivo para la presentación de las alegaciones. En el Reglamento de Desarrollo de la LUV se establece que en el caso de que no haya un estudio de viviendas, se dedique el 40 por ciento del suelo urbanizable y no urbanizable a Viviendas de Protección Oficial (VPO).
Rubio apuntó que "en la próxima modificación del Plan General no se contempla un estudio de viviendas, por lo que exigimos que el 40 por ciento del suelo se dedique a VPO", aunque matizó "que no sea el 40 por ciento del suelo, sino el 40 por ciento de la edificabilidad correspondiente al sector".
Asimismo, puntualizó que en el caso de que no sea posible la construcción de VPO por motivos económicos o de negocio, "el promotor pague al Ayuntamiento el dinero correspondiente a la diferencia de valoración del suelo, con el fin de que el consistorio tenga una bolsa de suelo y pueda así construir VPO en otro lado de la ciudad, porque el promotor tiene la obligación legal de construirlas".
Otro tema que analizó en su comparecencia fue la ordenación pormenorizada del suelo, consistente en saber el número de viviendas que se van a construir en una bolsa de suelo y las redes de servicio que dispondrá el sector, tales como red de agua, alcantarillado o la disposición de los contenedores, entre otros.
Según destacó, "la LUV deja abierto el tema de la ordenación pormenorizada, pero las Bases no lo tratan, cuando su función es suplir las lagunas existentes en la Ley". Agregó que en las Bases "no se exige a los proponentes que pormenoricen, cuando es fundamental para una correcta planificación y ordenación".
Otro motivo de alegación fue la petición de que en los suelos urbanizables en los que por el número de viviendas sea obligatorio la reserva de suelo para la construcción de un colegio y un centro escolar, "éstos estén construidos para cuando se entreguen las llaves a los inquilinos de las viviendas".
En esta línea, Rubio matizó que esta solicitud "servirá para que el propietario tenga la garantía de la construcción de estos servicios universalizados, y no cómo sucede ahora, que una vez finalizadas las viviendas, no se disponen de los colegios o los centros de salud previstos".
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