MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Pedro Pérez, avisa que "no podemos pensar que en España se puede hacer cine sin las televisiones". "Sería el único país del mundo donde se haría sin la ayuda de las televisiones", declaró Pérez a Europa Press.
El directivo de FAPAE está "plenamente convencido de la constitucionalidad" de la ley que obliga a las cadenas de televisión a invertir el 5% de sus ingresos en cine tras la cuestión de inconstitucionalidad que planteará el Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional (TC).
"Tengo una cierta sorpresa por que algún medio de comunicación ha hablado como si el Tribunal Supremo hubiera dictado ya alguna resolución", declaró. Pérez minimizó la polémica argumentando que "el Supremo ha elevado una consulta al Tribunal Constitucional, exactamente igual que elevó al Tribunal de Luxemburgo y que éste se pronunció con contundencia reafirmando la legalidad de la normativa española".
El presidente de FAPAE explicó que la opinión de su entidad "coincide plenamente con la de uno de los magistrados, el que ha formulado el voto particular". "En nuestra opinión la Ley es absolutamente constitucional y por lo tanto tenemos la tranquilidad que el Órgano Máximo resolverá en la misma línea que ha resuelto el Tribunal de Luxemburgo", sentenció.
LIBERTAD EMPRESARIAL
Respecto a la afirmación de la Sala de lo Contencioso-administrativo de que la legislación restringe la libertad empresarial garantizada por la Constitución, Pérez puntualiza que "no podemos olvidar que las televisiones privadas españolas son objeto de una concesión administrativa gratuita que les habilita como las únicas que pueden facturar publicidad". "Los productores no podemos facturarla", argumentó.
Pérez recordó también que "hoy en día el cine necesita la ventana de las televisiones en España, Francia y Estados Unidos" y que "es normal" que "quienes tienen la totalidad de los ingresos de la publicidad deban también financiar a la industria española".
Asimismo, el presidente de FAPAE matizó que cuando "un sector", como es el de las televisiones, financia a "otro sector" (en este caso, el del cine) "no financia a otras empresas, sino una actividad". "Y se trata de una actividad practicada también por las propias televisiones, productoras de muchas películas, algunas de éxito. Creemos que la libertad de empresa no está restringida, pero sí condicionada conforme a una habilitación de recaudación de la publicidad que la Ley les da, por otro lado, a ellos solos", justificó.
Además, el presidente de FAPAE declaró creer que las ayudas "no son un impuesto" sino "una reinversión". "No lo están tirando a fondo perdido, están participando y también ganan su dinerito", sentenció. "Parece que hemos saqueado los ingresos de una televisión, pero simplemente es una obligación de reinvertir, como en otros sectores hay obligaciones de otro tipo".
CARTA A ZAPATERO
Pérez cree también que "tendremos que dejar pasar al tiempo" y prefiere no "ponerse en el 'supuesto'", sobre todo por estar "plenamente convencido de la constitucionalidad de la ley". "Además, está en debate la Ley General Audiovisual y este propio auto nos da pistas. Estoy convencido de que el Parlamento legislará de una manera que quedará resuelta cualquier duda que pudiera tener alguien como ciertos magistrados del Supremo".
Precisamente por el hecho de tener España "una Ley General Audiovisual abierta", Pérez afirmó también creer que "es un buen momento para que no sólo el Gobierno, sino los partidos políticos reflexionen" sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
"Estoy convencido de que a los partidos políticos no les gusta que España figure en el primer lugar del ranking de piratería", puntualizó, recordando la Carta Abierta al presidente del Gobierno, presentada el pasado viernes por la Coalición de Creadores, firmada también por FAPAE. Pérez declaró pensar que puede ser una oportunidad para que los partidos políticos, "todos de acuerdo", "nos doten de un marco definitivo" respecto a las "prácticas ilícitas" en Internet.
