Ayuntamiento de Salamanca confía en las resoluciones pendientes sobre el archivo

Archivo de la Guerra Civil en Salamanca
EP
Actualizado: jueves, 30 diciembre 2010 15:28


SALAMANCA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, ha lamentado la desestimación del Tribunal Supremo del recurso municipal sobre la primera entrega de documentos a Cataluña del entonces Archivo de la Guerra Civil y ahora Centro Documental de la Memoria Histórica.

No obstante, ha argumentado que "queda pendiente lo más importante" que son los recursos por posible inconstitucionalidad presentados al Tribunal Constitucional por la Junta de Castilla y León y el Grupo Parlamentario Popular.

Asimismo, ha recordado que está todavía en proceso el recurso del Estado contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de continuar con la decisión de la Junta de declarar Bien de Interés Cultural el Colegio de San Ambrosio, sede de los 'papeles', a la que se suma el recurso contra la segunda salida de documentos en la Audiencia Nacional, en este caso presentado por el Ayuntamiento.

Respecto a la decisión del Tribunal Supremo, que ha avalado el traslado a Cataluña de los conocidos 'papeles' de Salamanca que fueron incautados durante el franquismo a instituciones y particulares catalanes y que ha destacado que la resolución de la Audiencia Nacional que legitimaba la entrega fue "correcta y, por ende, ajustada a Derecho", Fernando Rodríguez ha destacado que la postura del Ayuntamiento "ha sido la que tenía que ser, defender con uñas y dientes la unidad".

En la sentencia, dada a conocer este miércoles, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso que interpuso en marzo de 2009 el Ayuntamiento de Salamanca contra la resolución de la Audiencia Nacional que confirmaba la legitimidad de la orden del Ministerio de Cultura, por la que el 18 de enero de 2006 se acordaba restituir a la Generalitat catalana los documentos del Archivo de Salamanca.

Además, el Ayuntamiento tendrá que pagar las costas judiciales, que pasan por unos 3.000 euros, divididas a partes iguales para el abogado del Estado y el abogado de la Generalitat, ha señalado el portavoz municipal.