A la oposición no le gusta el texto del Gobierno y anuncia enmiendas para adaptarlo mejor a las particularidades de la industria
MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles, con el voto a favor de PP, y la abstención de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, el decreto ley para la Propiedad Intelectual, que transpone la normativa europea para regular la gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines, así como la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales. Además, todos los grupos han aprobado por unanimidad su tramitación como proyecto de ley.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido ante la Cámara este texto que entró vigor, tras su aprobación en Consejo de Ministros, el pasado mes de abril para evitar una sanción de Bruselas de 123.000 euros diarios. El retraso en la tramitación del texto, según ha explicado Méndez de Vigo, es consecuencia del periodo en el que el Ejecutivo estuvo en funciones.
Estas explicaciones del ministro no han calado entre la oposición, ya que la mayoría de portavoces han recriminado al Gobierno que actúe "en tiempo de descuento". Aún así, los grupos han reconocido que esta iniciativa era ya necesaria.
En concreto, el decreto ley regula la figura del operador de gestión independiente que "operaba de facto en España, pero no había sido regulada", según ha indicado Méndez de Vigo. De esta forma se les somete a la supervisión de las Administraciones Públicas aunque, según ha precisado, se mantiene que los derechos sujetos a gestión colectiva obligatoria seguirán siendo administrados por las entidades de gestión españolas.
A esto se suma la regulación del derecho de revocación, total o parcial, del contrato de gestión de derechos; se introduce un órgano de control interno, al servicio de los socios de la entidad, que ejercerá una labor de fiscalización interna constante de los órganos de gobierno y representación de las entidades.
El texto señala que, para aquellas entidades de gestión con recaudación superior a 100 millones de euros, la regulación del órgano de control interno es "más estricta" de lo exigido por la directiva europea y se obliga a que este órgano esté integrado por personas independientes ajenas a la entidad y se fija entre sus competencias, el control de la ejecución del presupuesto o el reparto de la recaudación a los socios.
UNA REFORMA EN "ARAS DE LA TRANSPARENCIA"
Asimismo, se amplía la posibilidad de acordar la intervención temporal de una entidad de gestión desde la realización de un apercibimiento previo a la retirada de la autorización necesaria para operar como entidad de gestión, por lo que no será necesario tener que realizar un procedimiento sancionador muy grave como paso previo a la intervención.
También ha quedado regulado, para todas las entidades, que los futuros cambios estatutarios deberán remitirse al Ministerio con un plazo máximo de un mes para su aprobación, y evitar así situaciones de demora en el envío de la información.
El ministro ha explicado que las reformas realizadas son "en aras de la transparencia" de este sector y ha asegurado que se ha hablado con todos los actores implicados, incluyendo los propios grupos parlamentarios. Méndez de Vigo ha defendido la máxima colaboración para tratar este tema y, por ello, se ha mostrado partidario de que el texto sea tramitado como ley. "Compartimos el mismo interés de mejorar el marco jurídico de nuestros creadores. Es una industria competitiva, dentro y fuera de nuestras fronteras", ha defendido.
Sin embargo, en general, el texto no ha gustado a la oposición que ha mostrado su intención de presentar enmiendas en diferentes aspectos para mejorarlo. Una mayor eficiencia en la seguridad de las transacciones entre agentes del sector; la creación de nuevos mecanismos para que estos sean consecuentes con los agentes y sus particularidades; o el problema del préstamo bibliotecario, son algunos de los aspectos que se han destacado durante el debate como principales modificaciones a realizar en el proceso de tramitación. Sólo el PP, y su portavoz de Cultura, Emilio del Río, ha destacado el decreto como "un buen texto".
COOPERACIÓN PARA EVITAR VENTA DE DATOS COMO EN FACEBOOK
Su homólogo del PSOE, Andrés Torres Mora, ha mostrado, de hecho, su "inquietud" por lo presentado por el Ejecutivo y ha señalado la necesidad de ser "prudentes" con la nueva entidad de control para que ésta sea "útil para las entidades" y "proteja a los autores". Del mismo modo, presidenta del Comisión de Cultura en el Congreso, la diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz, ha pedido que este sistema de vigilancia debe ser "efectiva" y "no decorativa", para evitar el regreso "a los mismos problemas que se registran ahora".
Mientras, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Eduardo Maura, ha señalado la importancia de convertir la propiedad intelectual en "un sistema de garantías sociales, abierto y solidario con toda la cadena de valor de la Cultura". Como ejemplo, ha señalado la posible cooperación de la propiedad intelectual con otros ámbitos de producción, para luchar contra "los abusos de grandes empresas detrás del negocio web que compran y venden datos con fines poco claros", como, ha explicado, se ha visto recientemente con Facebook.
Durante su intervención, el portavoz de PNV, Joseba Agirretxea, ha aclarado que las enmiendas de su partido, que también ha apoyado el texto, irán destinadas a salvaguardar las competencias autonómicas que el País Vasco maneja en esta industria. Un discurso similar al de los representantes de PDeCAT y Compromís, Sergi Miquel y Enric Bataller, respectivamente. Ambos, han recriminado también al Ejecutivo su falta de acción, hasta ahora, en esta materia. Por su parte, el portavoz de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha destacado el "paso necesario" que supone esta medida en un tema "de gran utilidad", pero de regulación "compleja". Esta formación también ha votado a favor del decreto.
CAMBIOS EN LOS CONTRATOS DEL INAEM
En el debate, también ha destacado los reproches al Gobierno por incorporar en el texto dos disposiciones adicionales relacionadas con los contratos de duración determinada en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), con el objetivo, según explica, de regular la relación laboral "de carácter especial" de los artistas en espectáculos públicos.
En este tema, Méndez de Vigo ha explicado que "el límite de estos contratos es de tres años, según el Estatuto de los Trabajadores", un periodo que, a su juicio, es "incompatible" con la duración de los proyectos artísticos en los que suelen participar estos artistas.
A los socialistas, esta decisión "no convence" y, a su juicio, el Ejecutivo está tratando de buscar una solución en este decreto a un problema "serio" que debería tratarse con trabajadores y sindicatos. "El conflicto con los trabajadores sigue abierto y sus reivindicaciones son de sentido común", ha advertido el portavoz morado, para quien la presencia de estos textos dentro del decreto es "inoportuno en tiempo y forma". Maura ha anunciado que su partido buscará derogar estas disposiciones a través de enmiendas.
También Rivera de la Cruz ha criticado que el Gobierno haya tratado de "encajar sin sentido" estas medidas en un decreto "que no tiene nada que ver" y, a su juicio, de forma "precipitada". "Dice que han contado con la opinión del sector, pero nosotros sí hemos hablado y no están contentos con estas redacción", ha declarado la diputada, quien ha pedido a Méndez de Vigo que les escuche.
