Las constructoras no cotizadas plantean doce medidas para mejorar el sector ante las elecciones del 23 de julio
MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La asociación de las constructoras no cotizadas, ANCI, ha reclamado una "solución urgente" a los sobrecostes que siguen lastrando la ejecución de los contratos de obra pública, además de retomar una revisión de precios "estructural y automática" que alcance a todo tipo de contratos públicos y se adecúe a la realidad de todos los costes, incluidos los salariales.
Esta petición la ha realizado durante la asamblea general de la asociación, que ha sido clausurada por el director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Juan Pedro Fernández Palomino, y ha contado con la presencia del presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén.
Durante el encuentro, se han presentado doce medidas para la mejora del sector de la construcción de obra pública ante las elecciones del 23-J, donde la primera petición ha sido licitar los contratos públicos con presupuestos actualizados a precios de mercado, así como un incremento al 30% del límite de la revisión excepcional del precio de los contratos públicos fijado en el 20% en el Real Decreto Ley 3/2022.
Desde la asociación también se ha pedido retomar el carácter automático y estable del régimen general de la revisión periódica y predeterminada de precios previstos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para asegurar la "viabilidad y el equilibrio económico" de los contratos públicos de larga duración.
También, se ha pedido incluir la mano de obra dentro de los costes revisables de los LCSP; adecuar el sistema de clasificación del contratista a la gestión actual de las obras por parte de las empresas para evitar una restricción del número de empresas a disposición del sector público contratante, así como mantener el nivel de inversión para realizar las infraestructuras necesarias en cada momento y atender al correcto mantenimiento de las existentes.
Por otro lado, a nivel regulativo, se ha pedido establecer el marco que permita la utilización de la colaboración público privada para disponer de un modelo "complementario" a la inversión procedente de los presupuestos públicos y orientar el destino de los fondos europeos hacia "oportunidades y necesidades" en materia de infraestructura.
Asimismo, se ha requerido revisar el régimen de utilización de los medios propios en la contratación pública; establecer medidas compensatorias de los costes adicionales que suponen para las empresas los compromisos medioambientales, sociales y de digitalización; velar por que las iniciativas de contratación pública permitan la "existencia" de un tejido empresarial "rico y diverso" y fomentar la incorporación de mujeres y jóvenes al sector.
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