MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El plan de pensiones de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) alcanzó el pasado 31 de enero un patrimonio gestionado de 136,8 millones de euros. Desde su creación, en noviembre de 2004, este plan acumula una rentabilidad del 6,6%, según el Ministerio de Administraciones Públicas.
Este instrumento es, con 538.312 partícipes, el mayor plan de pensiones de empleo de España. De él forman parte como promotores cerca de un centenar de entidades, sumando departamentos ministeriales y organismos públicos.
La primera aportación a este fondo fue realizada por el Gobierno en 2004, y tenía una cuantía de más de 54 millones de euros, el 0,5% de la masa salarial de los empleados públicos. Este porcentaje se ha ido repitiendo en sucesivos ejercicios y ahora el patrimonio gestionado ya asciende a casi 137 millones de euros.
Desde la constitución del fondo, se han abonado prestaciones por valor de 2,01 millones de euros. La mayor parte corresponde a prestaciones de jubilación, con 6.700 casos por importe de 1,6 millones de euros. Les siguen las contingencias de invalidez (1.325 prestaciones y 254.914 euros), fallecimiento (683 casos y 82.356 euros) y enfermedad grave (una sola prestación por valor de 1,817,57 euros).
SUBEN LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS
El Departamento dirigido por Jordi Sevilla explicó que la mayoría de los beneficiarios ha optado por el cobro de prestaciones en forma de capital, excepto 21 personas que han preferido el pago en forma de renta.
La media mensual de aportaciones voluntarias a este plan ascendió el año pasado los 45,41 euros, cifra que ha repuntado hasta los 221,2 euros en el mes de enero del presente ejercicio. Según la entidad gestora del fondo, este incremento obedece al rendimiento que ha alcanzado el plan.
Este plan incluye al personal con más de dos años de antigüedad, sea funcionario, personal estatutario o laboral, pertenecientes a departamentos ministeriales y organismos autónomos, así como de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y de otros organismos públicos de la AGE. También está incorporado el personal de la Administración de Justicia, de las Fuerzas Armadas, y de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
